Europa reglamenta la producción y el etiquetado ecológico

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Tras más de cuatro años de intensas negociaciones, se acaba de publicar el nuevo Reglamento del Parlamento y el Consejo Europeos sobre la producción ecológica, también llamada orgánica o biológica, y el etiquetado de los productos ecológicos (Reglamento CE nº 2018/848), que supone la necesaria adaptación normativa a un sector muy dinámico, cuyo mercado presenta un significativo crecimiento en toda la Unión Europea y, en particular, en España.

El Reglamento incluye como novedades el aumento del ámbito de aplicación de la norma, con la inclusión de nuevos productos como la sal, corcho y cera de abeja, entre otros.

Como objetivos principales de este nuevo reglamento, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, se encuentra favorecer la armonización del modelo de producción de la Unión Europea, mejorar la libre competencia entre los productos europeos y los de terceros países, prevenir la posibilidad de fraude y aumentar la confianza del consumidor de productos ecológicos, además de clarificar algunos aspectos técnicos. Al mismo tiempo, se dota al sector de un ámbito de aplicación más completo que el actual.

Durante la negociación del reglamento, España ha mantenido una posición activa y exigente, aunque con la flexibilidad necesaria para lograr su aprobación. Se trata de un texto de gran importancia para un sector estratégico y prioritario en nuestro país que, con más de dos millones de hectáreas, mantiene su liderazgo como primer país productor de la UE y cuarto del mundo.

Novedades en el reglamento

Entre las novedades del reglamento está el aumento del ámbito de aplicación de la norma, con la inclusión de nuevos productos. Asimismo, se fomentan los circuitos cortos de distribución y las producciones locales en los territorios de la Unión, se refuerza el concepto de “producción ligada al suelo” y se promueve el uso de nuevos materiales de reproducción vegetal ecológicos, así como de razas de animales con un alto grado de diversidad genética, resistencia a las enfermedades y longevidad. También se incluye la posibilidad de que los pequeños productores europeos puedan acogerse a la certificación de grupo.

Uno de los aspectos más relevantes es el establecimiento de un nuevo marco para el comercio con terceros países que, además de abordar por primera vez las exportaciones, establece como norma general el sistema de cumplimiento, que garantiza que el producto a importar desde un tercer país ha tenido que ser producido conforme a la normativa europea, con lo que se restringe el modelo de equivalencia al marco de un acuerdo comercial.

Las estrategias

En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha venido preparándose para esta nueva etapa a través de la Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020, cuyo primer objetivo ha sido la inclusión de diversas actuaciones para mejorar el conocimiento del producto ecológico y su método de producción, al objeto de mejorar el consumo interno y la comercialización.

Por ejemplo ya se han llevado a cabo jornadas informativas el pasado 5 y 6 de junio dirigidas a la distribución, comercialización y consumidores, sobre aspectos de control, etiquetado y normativas relacionadas con los detallistas y comercializadores de alimentos y bebidas ecológicos.

Normas UNE

La Estrategia para la Producción Ecológica aborda asimismo otros aspectos cruciales como la reciente consecución de tres normas de la Asociación Española de Normalización (UNE) sobre insumos de uso en producción vegetal ecológica.

Para explicar esta nueva normativa, Ecovalia y el Ministerio de Agricultura han convocado las Jornadas Nacionales Insumos UNE para el Nuevo Mercado Ecológico, que tendrán lugar hoy 21 de junio en la Universitat Politècnica de Valencia.

 

Las diez peticiones de los ecologistas a Pedro Sánchez

http://www.laverdad.es/lospiesenlatierra/noticias/diez-peticiones-ecologistas-20180614134600-nt.html

Los representantes de las organizaciones ecologistas, con Pedro Sánchez y Teresa Ribera en febrero de 2016. / EFEVERDELas cinco principales organizaciones conservacionistas trasladan al nuevo Gobierno un decálogo para dar un vuelco a la política ambiental española

MIGUEL ÁNGEL RUIZ

Nuevo Gobierno, nuevas expectativas. Las cinco organizaciones ecologistas más importantes han visto una oportunidad en el giro político y la apuesta de Pedro Sánchez por una ministra (Teresa Ribera) llamada a liderar un cambio en España hacia un desarrollo más sostenible basado en energías limpias y una protección de la naturaleza sin complejos. Estas son las diez peticiones que acaban de lanzarle, para sus primeros cien días de Gobierno, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

Nuevo marco para la transición ecológica

  1. Reconocer y reforzar el papel de la organizaciones ambientales para cumplir el artículo 45 de la Constitución, garantizando su presencia en todos los consejos consultivos con implicación ambiental, y en particular asegurar una representación adecuada en el Consejo Económico y Social. Además, pedimos: a) una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel vital de estas organizaciones; y b) la derogación de la ley mordaza, restituyendo las garantías constitucionales de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.

Nuevo modelo de desarrollo

  1. Anunciar y elaborar una ley de Fiscalidad Ambiental que redistribuya la carga fiscal, primando las buenas prácticas que promuevan el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al medio ambiente, al tiempo que se desplaza la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo de recursos. Eliminar todos los subsidios perversos para el medio ambiente.
  2. Liderar la defensa de la Directiva Marco de Agua ante el intento de varios países de reformarla para hacerla más permisiva. España puede ser el desierto de Europa. Las medidas más urgentes: a) Poner en marcha una Auditoría del Agua en España; b) Paralizar los Planes de Sequía y la Estrategia de Regadío y redactar una nueva con participación pública y ajustada a los escenarios de cambio climático y caudales ecológicos adecuados; c) Elaborar un Plan Nacional de Humedales; d) Suspensión del trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona); y e) Retirar los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya.
  3. Avanzar en una política agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente: a) Crear un grupo de trabajo abierto a las ONG ambientales para fijar el posicionamiento de España respecto a la reforma de la PAC. España debe liderar una PAC post2020 más justa, sostenible y saludable. Para ello, debería asegurar más controles a la condicionalidad ambiental y que prioritariamente la financiación se destine a fines ambientales. b) Establecer una moratoria sobre los nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de los existentes.
  4. Poner en marcha medidas urgentes para frenar la pérdida de biodiversidad marina y terrestre. a) Oponerse a la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que se está tramitando. b) Estimar la dotación mínima necesaria del fondo para la conservación de la biodiversidad para cumplir con las metas de Aichi, la Estrategia Europea de Biodiversidad y las Directivas de Naturaleza. c) Poner en marcha los planes de las especies declaradas en estado crítico. d) Paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña. e) Reforzar la lucha contra la pesca ilegal IUU para seguir siendo referente en la UE y liderando a nivel internacional.
  5. Impulsar un modelo productivo basado en la economía circular con especial atención a las políticas de residuos cero. En particular: a) Defender una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y distribución de plásticos de un solo uso, apoyando medidas efectivas de reducción de este tipo de productos, los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) y las alternativas reutilizables. b) Aprovechar la modificación planteada de la Ley de residuos 22/11 para conseguir la separación selectiva de biorresiduos en 2020, y adelantar la separación de textil a 2020.

Nuevo modelo energético

  1. Presentar un proyecto de Ley de Cambio Climático, que establezca un calendario para el cierre de las centrales nucleares y el carbón en 2025 y su sustitución por energías renovables. Como primeras medidas: a) Desbloquear la Proposición de Ley de autoconsumo eliminando el impuesto al sol y las trabas administrativas y apoyando la producción en instalaciones compartidas; b) Prohibir prospecciones petrolíferas en el mar (como las que se tramitan en el Mediterráneo) y tierra (incluyendo el fracking).
  2. Transición energética. Entre las medidas que se pueden adoptar a más corto plazo están: a) Reevaluación de los proyectos de interconexiones gasistas pues son contradictorios con los objetivos climáticos de París. Cese de los proyectos con gran oposición social como el Midcat (proyecto de gasoducto España-Francia) y dudas sobre su viabilidad; b) Reevaluación de la inversión en grandes infraestructuras de transporte en función de las demandas reales; c) Retirar la demanda de la Abogacía General del Estado a la ampliación de la ZEPA de El Hito y denegar la autorización previa al ATC.

Calidad de vida

  1. Medidas efectivas contra la contaminación. Las acciones que supongan una mejora de la salud pública deben ser prioritarias, como: a) equiparación de impuestos del diésel con la gasolina; b) Revisión del defectuoso sistema de etiquetas de la DGT teniendo en cuenta las emisiones reales de los vehículos; c) apoyar los planes de mejora de calidad del aire de grandes ciudades (Madrid, Barcelona).
  2. Reducir el uso de pesticidas en un 30% para 2020. España se debe alinear con los países de la UE más garantistas con la salud de la población y del medio ambiente en relación a las sustancias químicas tóxicas. En particular: a) Establecer objetivos ambiciosos de reducción de uso de plaguicidas, prohibiendo antes aquellos más peligrosos y los que interfieren con el sistema endocrino. b) Evitar la concesión de permisos generalizados para el uso de sustancia prohibidas; c) Prohibir el uso veterinario del diclofenaco para salvaguardar nuestras poblaciones de rapaces. d) Iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.

 

Los amos de la huerta de Europa

https://elpais.com/economia/2018/03/14/actualidad/1521038651_338121.html

Media docena de grandes grupos de distribución comunitarios controlan la compra de frutas y hortalizas

Vidal MatéLos grupos de distribución alemanes copan las compras de hortalizas en el continente. Getty Images

En el sector de frutas y hortalizas español hay unas 500 cooperativas y sociedades agrarias que producen el 40% del total nacional (unos 27 millones de toneladas anuales) por un valor en origen de unos 17.000 millones de euros. De ese medio millar de entidades asociativas, hay algunas muy fuertes por la cantidad de producción que acaparan. Entre estas está Anecoop (cítricos) y Unica Group, Alimer, Granada La Palma, Hortofrutícola Costa de Almería, Cooperativa San Isidro y Vicasol (todas en hortalizas). Sin embargo, quien de verdad tiene la sartén por el mango en este negocio son un puñado de grandes grupos de la distribución europea que llegan a controlar casi el 80% de las ventas en origen.

Por volumen de compras, de entre esos grupos destaca la actividad de Lidl con la compra de 1,4 millones de toneladas de frutas y de hortalizas, de las que 1,2 millones exporta a otros países comunitarios, el 8% del comercio exterior de este sector. El grupo alemán Lidl, que hasta hace pocos años tenía en sus lineales muchos productos de su país de origen, ha pasado a presumir de ser el mayor comprador de frutas y hortalizas españolas y el primer operador exterior.

Por consumo interior, en cambio, destaca Socomo (Sociedad de Compras Modernas) del grupo Carrefour, constituido en 1987. En el último ejercicio adquirió 480.000 toneladas de frutas y hortalizas valoradas en 688 millones de euros, de las que más de la mitad se destinaron a las tiendas en España.

El grupo Auchan Alcampo, a través de su sociedad Zenalco, es otro gran operador tanto para sus tiendas en España como para las de otros países del grupo, con un volumen estimado de compra de unas 300.000 toneladas. Les siguen en la lista los alemanes Aldi, con unas 5.000 tiendas en una decena de países o Tengelman. Edeka cubre las necesidades de suministro de varias cadenas alemanas con la compra de unas 300.000 toneladas, al igual que sucede con Rewe para proporcionar frutas y hortalizas a unos 15.000 establecimientos cooperativos. Iberiana Frucht compra más de 200.000 toneladas para un centenar de socios en países como Alemania, Austria, Italia, Eslovaquia o la República Checa, mientras Coop Trading lo hace para el suministro de grupos de tiendas cooperativas en países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca).

En España las mayores compras corresponden a Mercadona, aproximadamente un millón de toneladas, según los datos del grupo. La firma valenciana ha tenido tradicionalmente un solo proveedor para algunos productos como los melones. En la actualidad, para la mayor parte de frutas y hortalizas lo hace con varios proveedores, con quienes suscribe contratos puntuales.

Posición dominante

En todos los casos, hay un denominador común, que es lo que preocupa y han denunciado reiteradamente los productores: la existencia de una fuerte presión de precios a la baja durante ocasiones concretas, como en la pasada campaña de Navidad; las sospechas y las denuncias de pactar de precios; el incumplimiento de los plazos de pago cuando no la marginación de “vendedores rebeldes” o críticos que tienen unos productos perecederos que colocar.

Javier Basols, presidente del grupo de trabajo de Fruta de Hueso de Cooperativas Agroalimentarias de España, se lamenta de que las entidades asociativas, con una media de facturación de 10 millones de euros, no hayan sido capaces de unir sus fuerzas, y más aún en un sector donde se trabaja con productos perecederos con un tiempo justo de maduración en el campo y otro de mantenimiento, lo que las convierte en la parte más débil de la cadena.

En la misma línea se hallan las críticas desde Almería de los responsables de los sindicatos agrarios Asaja y Coag, cuyo portavoz Andrés Góngora recuerda que se ha denunciado directamente la situación de desajuste de fuerzas que existe en el sector, especialmente en los momentos de gran oferta y cuando se trata de productos de mayor valor fuera de temporada.

Góngora señala el incumplimiento de los plazos de pago y, sobre todo, los contratos confeccionados y suscritos desde posiciones de fuerza por parte de la gran distribución. En su opinión, el sector sufre por esa posición dominante de las empresas. Igualmente denuncia acuerdos para llevar a cabo compras por oleadas y, al mismo tiempo, situaciones donde el productor se ve agobiado por la imposibilidad de dar salida a las hortalizas por falta de compradores. Los grupos de distribución también imponen el tipo de producto que necesitan: variedad, color, sabor, tamaño y el periodo de adquisición. “No es que no sepan hacer un tomate ‘como los de antes’, hacen lo que les piden”, defienden desde el sindicato.

Estas reinvindicaciones fueron comunicadas recientemente para su investigación a la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria (Aica), dependiente del Ministerio de Agricultura. La agencia llevó a cabo inspecciones y abrió más de 60 expedientes sancionadores, especialmente a mayoristas que operaban en origen, por incumplimientos en los plazos de pago o contratos deficientes. Igualmente, pasó un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por posibles pactos de precio. Uno de los problemas con los que se enfrentan las autoridades españolas a la hora de perseguir las irregularidades por pactos de precios, plazos de pago y contratos, es que muchas empresas afectadas tienen su sede afuera y no existe una ley comunitaria de la Cadena Alimentaria. Desde Lidl, responden que el grupo cumple sus contratos y que los productores deben valorar también la labor de la distribución a la hora de regular los picos y mermas de la producción y sus efectos en el mercado.

Almería, que cultiva 3,7 millones de toneladas, Murcia, que exporta 2,25 millones, y la Comunidad Valenciana, que genera cuatro millones de toneladas de cítricos, son los mercados donde centran su actividad estos grandes grupos.

 

España ‘despilfarró’ 80.000 millones en obras e infraestructuras entre 1995 y 2016

http://www.publico.es/espana/obra-publica-espana-despilfarro-80000-millones-obras-e-infraestructuras-1995-2016.html

Son actuaciones “que no se debieron haber hecho” porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica (entre ellas algunas radiales), aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales.

Imagen del aeropuerto ‘fantasma’ de Murcia-Corvera. (EP)

EFE

La Administración General del Estado y las comunidades autónomas españolas han despilfarrado 80.000 millones de euros de dinero público entre 1995 y 2016 en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado “innecesarias”, según la Asociación de Geógrafos de España (AGE).

Así se pone de manifiesto en un estudio que publicará el próximo día 15 en su página web la AGE y que ha sido realizado por las universidades de Barcelona, Girona, Valencia, Cantabria, Complutense de Madrid, Tenerife, Sevilla, Málaga y Alicante, según ha adelantado el presidente nacional de este colectivo, el catedrático de la institución docente alicantina Jorge Olcina.

El presidente de AGE ha señalado que se trata de actuaciones “que no se debieron haber hecho” porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica (entre ellas algunas radiales), aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales, y que, además, han sufrido cuantiosos sobrecostes.

El estudio, que no ha incluido las dotaciones financiadas por los ayuntamientos por la complejidad para recabar estas cifras, refleja la multitud de “megaproyectos” que no han servido para objeto que se pretendía, y Olcina ha citado, en el caso de la Comunitat Valenciana, el trazado inicial del trasvase Júcar-Vinalopó, que posteriormente se varió pese a la inversión hecha, y alguna planta desalinizadora que no ha llegado a usarse.

Olcina ha explicado que este estudio ha sido “muy voluntarista” por parte de equipos de geógrafos de las universidades citadas ya que ha carecido de ayuda económica del Estado y se ha elaborado porque los profesionales vieron “la necesidad de hacerlo, aunque fuera por amor al arte”.

De esta forma, han buscado ofrecer a la sociedad los datos desde el punto de vista académico de la gestión de las administraciones públicas con el fin de que, posteriormente, los ciudadanos puedan tomar “decisiones a la hora de ir a votar”.

Manifiesto

El experto ha adelantado la cifra del despilfarro de dinero público en esas dos décadas en España durante la presentación pública del manifiesto “En defensa del territorio. Ante los nuevos retos del cambio global”, que es una adenda al “Manifiesto por una nueva cultura del territorio”, documento que data de 2006 y que debe de servir de guía para el desarrollo urbano en España.

En esta actualización sobre el citado documento estratégico sobre los procesos que atañen al territorio, la AGE y el Colegio de Geógrafos piden más “prudencia” a las administraciones públicas competentes a la hora del crecimiento urbano para, entre otros aspectos, preservar la conectividad ecológica y funcional, y adaptar el espacio geográfico a los efectos del proceso del cambio climático.

“Nuestro país no puede quedar al margen de estos nuevos procesos de adaptación de los territorios al calentamiento global“, según Olcina, quien ha advertido de que existe en las administraciones una cierta “relajación” en el cumplimiento de algunas de sus obligaciones, por ejemplo, la de incorporar estudios y cartografías en los procesos de evaluación de la sostenibilidad ambiental y territorial.

Concretamente, los geógrafos detectan que, a la hora de diseñar sus planes urbanísticos (PGOU), los municipios únicamente tienen en cuenta el riesgo de inundaciones y no la posibilidad de deslizamientos de tierras, movimientos sísmicos, sequías o los temporales en el caso de los lugares en primera línea de costa, y todo ello pese a que hay cartografía suficiente de ese tipo de situaciones.