Derecho a suministros básicos – https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/24558

El Movimiento Andaluz por la Vivienda se marca nuevos objetivos ante la deteriorada situación social de la comunidad autónoma.

Eduardo Pérez Cortés – 05/11/13

stop_desahucios_granada

Concentración en Granada en el inicio de la nueva campaña del Movimiento Andaluz de Vivienda. / Foto: Stop Desahucios Granada

En un año, Andalucía ha pasado de la quinta posición a la primera en el ranking de comunidades autónomas más pobres. Uno de cada cuatro españoles pobres es andaluz. Más del 40% de la población en el umbral de la miseria, un 9% más que en el resto del país. Líder en paro con un 35,8%. Casi la mitad de la población no puede afrontar gastos imprevistos. Un 12% tiene retrasos en los pagos de gastos básicos como luz, agua o hipoteca. 600.000 andaluces sin ninguna cobertura social.

Frente a estos demoledores datos hechos públicos a mediados de octubre por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Movimiento Andaluz por la Vivienda, organismo que reúne a los colectivos de este ámbito, ha decidido volver a la ofensiva, reivindicando varios puntos: prohibir los desahucios de viviendas habituales, prohibir las sanciones a quienes recurran a la ocupación de viviendas vacías, habilitar el stock de viviendas vacías para dar solución a las carencias y prohibir que las empresas suministradoras puedan cortar agua, luz y gas a las viviendas habituales.

Beneficios gigantescos

Este último punto, recogido como los demás en una petición entregada en el Parlamento de Andalucía a finales de octubre, es el más novedoso dentro de la lucha por la vivienda. “Nos llegan familias que no pueden pagar recibos de 30 o 50 euros mensuales, es una vergüenza que esto ocurra mientras empresas como Endesa o Iberdrola tienen beneficios astronómicos”, indica Antonio Redondo, miembro del grupo Stop Desahucios del 15M de Granada. Efectivamente, una rápida mirada a las cuentas de resultados de las grandes suministradoras de luz, agua y gas no muestra que padezcan ningún tipo de crisis. Gas Natural Fenosa alcanzó un beneficio neto de 767 millones de euros en el primer trimestre de este año. Endesa llegó a 1.114 millones. Iberdrola más todavía, 1.728 millones. Iberdrola y Endesa fueron en 2012 la segunda y tercera eléctrica, respectivamente, con mayores beneficios.

Ante esta situación, Macarena Olid, de la Intercomisión de Vivienda de Sevilla, afirma que “las compañías de suministros tienen que verse en la obligación de dar cobertura de suministros a los hogares, cuando las familias no pueden hacerse cargo de las facturas por una situación de falta de recursos económicos. El agua es un derecho básico, y en estos momentos es más un privilegio de unos cuantos. No se puede mercantilizar todo; el agua y la luz son necesarios para poder vivir de una manera digna”.

La petición presentada será ahora examinada por un comité jurídico del Parlamento que dará o no el visto bueno a sus aspectos formales. Si sale adelante, pasará a los tres partidos políticos con representación parlamentaria en Andalucía: PP, PSOE e IU. Estos tres partidos se han caracterizado hasta ahora por su inacción respecto a los problemas de los andaluces relacionados con los servicios básicos, pero en otras comunidades autónomas, como Catalunya, ya ha habido algún avance. El Parlament aprobó en abril instar a la Generalitat a garantizar el suministro a los hogares que no alcanzaran el salario mínimo.

“Emergencia habitacional”

Con la nueva campaña, el Movimiento Andaluz por la Vivienda pretende retomar la lucha coordinada. Ésta había comenzado con la exigencia a la Junta, en marzo de este año, de declarar el “Estado de Emergencia Habitacional”, que implicaría entre otras cosas impedir todos los desahucios, habilitar el inmenso stock de viviendas vacías existente en Andalucía y garantizar los servicios básicos a éstas. Los interlocutores de la Consejería de Vivienda rechazaron las demandas, pero en su lugar se aprobó el Decreto sobre la Función Social de la Vivienda, que ampliaba respecto a las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy los casos en los que se pueden paralizar los desahucios hipotecarios y establecía sanciones (aún sin aplicar) a las entidades que mantienen viviendas sin habitar.

Tanto Olid como Redondo coinciden en que el decreto (recurrido por el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional y de nuevo tramitado como ley en el Parlamento andaluz) es “un paso adelante”. Olid indica que “es un punto de partida, pero hay que seguir exigiendo a los poderes públicos que se posicionen y comiencen a desarrollar medidas para que el derecho a la Vivienda sea efectivo para todos y todas. Seguimos sin escucha, o si la hay, sin respuestas”. “Los desahucios parados por el decreto se pueden contar con los dedos de la mano, tiene buena parte de propagandístico”, añade Redondo.

¿ILP andaluza?

Desde el Movimiento Andaluz se baraja la idea de elaborar una Iniciativa Legislativa Popular, en caso de que fuera necesaria. En todo caso, no plantean quedarse en los aspectos formales, sino movilizar a la población, como señala Redondo: “Los suministros básicos afectan a un porcentaje muy alto de la población. Hemos perdido derechos y tenemos que recobrarlos en la calle. Estamos obligados a dar respuesta desde la base”. “Ésta es una lucha de la gente, es una respuesta a una situación de abuso de un sistema que está fragmentando la sociedad entre ricos y pobres. Si no somos nosotros, la ciudadanía, los que nos negamos a aceptar unas reglas de juego donde siempre ganan los mismos, nadie va a cambiar nada”, argumenta Olid. De momento, la campaña en la calle comenzaba el lunes 4 de noviembre en Granada, con una concentración matinal de cerca de 70 personas frente a la Delegación de la Junta. Su responsable, Sandra García, se comprometió a elevar las reivindicaciones a la presidenta autonómica, Susana Díaz.