Europa y nuestras agendas políticas

https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/22814-ante-elecciones-europeas.html

Beltrán Roca, Emma Martín

Profesores, respectivamente, de Sociología de la Univ. de Cádiz y de Antropología Social de la Univ. de Sevilla

En fechas próximas los ciudadanos seremos llamados a participar en las elecciones al Parla­mento Europeo, y en este contexto es fácil percibir el agotamiento de los partidos tradicionales. A ningún observador se le escapa el desencanto de la ciudadanía con unas propuestas que, aunque difieren en algunos aspectos, se sitúan en el mismo plano de aceptación incondicional del modelo económico y social vigente.

La hegemonía del modelo del “neo­liberalismo real”, como lo de­no­mi­na el sociólogo Loïc Wac­quant, es tal que son numerosos los intelectuales y sectores políticos convencidos de que lo que tiene lugar es una subordinación de los intereses del Estado a los del Mercado. Y que la solución pasa por reforzar las competencias del primero para corregir o, según los más optimistas, invertir, la hegemonía de la economía sobre la política. La idea-fuerza consiste en rescatar la ciudadanía como pro­yecto, ­partiendo de la base de que en la actualidad el Estado atraviesa por una crisis de atribuciones en relación a su capacidad reguladora y negociadora que es reversible mediante la conquista del aparato estatal. Según este planteamiento, es posible revertir la relación de fuerzas desde dentro del sistema mediante la entrada en las instituciones políticas de personas con posiciones políticas alternativas al neoliberalismo real. Pero ¿es posible el cambio desde dentro? Señala­remos algunas cuestiones por las que consideramos que la participación en las instituciones no constituye garantía suficiente para el cambio de modelo, llegando incluso a ser un motivo para su reforzamiento.

En primer lugar, la idea de que los intereses políticos se subordinan a los intereses económicos, aunque muy atractiva por su identificación simplista de causa y efecto, niega el carácter innegablemente político del neoliberalismo real. Éste es un argumento muy utilizado por la propia clase política por su carácter exculpatorio, al atribuir a la mano invisible del mercado la situación de ­precari­zación económica, crisis de derechos e incremento de la represión de la disidencia. Sin embargo, toda la situación es una apuesta política coherente con los intereses de las élites en el poder, que no son exclusivamente las grandes corporaciones multinacionales, ni las instituciones financieras sino también los grupos y dirigentes políticos directamente relacionados con estos organismos e instituciones. La articulación entre economía y política es evidente para cualquier observador que siga la trayectoria de la clase política y su trasvase desde los escaños a los consejos de administración.

En segundo lugar, y directamente vinculado con esta situación, cabe preguntarse si dentro del sistema político institucionalizado es posible modificar el estado de cosas existente. Para ello, es necesario creer que la ideología de las personas puede imponerse al funcionamiento de las instituciones. En este caso, un cambio ideológico de las instituciones implicaría al menos una posición de mayoría absoluta de las ideologías alternativas. Caso contrario, se corre el riesgo de legitimar, mediante la participación en las instituciones, las políticas que se quieren combatir.

Aquí procede preguntarse cuál es la utilidad social de mantener una posición minoritaria frente a cuestiones tan trascendentes como la política de fronteras y de asilo, el recorte de los derechos sociales, incluido el derecho al propio cuerpo, o la criminalización de la movilización social, cuando éstas han sido mayoritariamente aprobadas. Ex­pre­sado en otros términos, ¿es ético participar en una institución que aprueba y sanciona precisamente lo contrario de lo que ha motivado la participación de los sectores alternativos? ¿Es democrático acatar la decisión de las mayorías parlamentarias cuando atentan contra los derechos de los ciudadanos? Algunos partidos alternativos han pretendido entrar en las instituciones como “caballo de troya”. Cabe preguntarse si esta táctica da resultados en instituciones que, por su propio funcionamiento, imponen determinadas dinámicas opuestas a las que se pretendían favorecer inicialmente: participación, revocabilidad y rotación de los dirigentes, cercanía, poder ciudadano, etc.

Pero la tercera cuestión, ligada a la anterior, es el cuestionamiento de que sean las instituciones basadas en la representación electoral aquellas en las que se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos. Un ejemplo evidente de lo contrario es el Parlamento Europeo, que, como denunciaba Isidoro Moreno en el Dia­rio de Sevilla del 1 de abril de 2014, “carece de las funciones mínimas para ser considerado como tal”. Esta institución es un ejemplo de sujeción a los dictados del Banco Central.

Eu­ropeo y la prueba palpable de la desigualdad inherente de los Estados europeos para imponer medidas que beneficien sus economías nacionales por encima de los intereses generales de la Unión. En este sentido, resulta interesante cuestionarse si participar en estas elecciones tiene otra utilidad que reforzar la toma de decisiones políticas que se produce en otras y variadas instancias, mediante la necesaria legitimación que estas políticas requieren para ser llevadas a cabo. O si, por el contrario, no sería más coherente una abstención activa que denuncie el secuestro de la política para los ciudadanos.

Como ha expuesto Manuel Cas­tells, vivimos en una “sociedad red”, en la que las decisiones no parten del Estado sino de una multiplicidad de actores que operan en varios niveles. Desde esta perspectiva, cobra total sentido la propuesta de John Hollo­way de “cambiar el mundo sin tomar el poder”, es decir, actuar principalmente desde los movimientos sociales, que son fuente de innovación social mientras permanecen separados de las constricciones del sistema de partidos y sus reglas del juego.

En ocasiones se escuchan argumentos como que “si no votas no puedes quejarte”; sin embargo la legitimidad para protestar proviene, principalmente, de no aceptar los mecanismos de ‘participación’ que se imponen desde instituciones perversas y profundamente anti-de­mocráticas como el Parlamento Eu­ropeo. En otras palabras, es más ­legítimo quejarse precisamente porque no se ha votado.