Barómetro social de España

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La deuda externa se reduce en la periferia mundial y crece en el sector público de los países centrales

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Por BSE1 el 13 enero, 2014

La creciente deuda pública en los países ricos se ha convertido en balón de oxígeno para el capital financiero afectado por la crisis, provocando importantes recortes en las políticas sociales. En España el incremento de la deuda externa pública ha sido más acelerado que en los países de su entorno.  

La edición del Barómetro social de 2013 incluye por primera vez datos sobre la deuda externa de los países “ricos”[1], una información que resulta muy importante en el actual escenario político y que se añade a los antiguos indicadores sobre deuda externa y servicio anual de la deuda de los países de renta media y baja[2], que venían recogidos en ediciones anteriores. La nueva estadística (Joint External Debt Hub), producida conjuntamente por el Banco de Inversiones Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial, permite obtener una visión global del alcance y características de la deuda externa a nivel mundial[3].

Del lado de los acreedores hay que tener en cuenta, en primer lugar, a las personas e instituciones de otros países que prestan una enorme masa de dinero (unos 70 billones de dólares en 2013) en busca de rentabilidad. Son la punta de lanza del capitalismo financiero, que operan a través de centros financieros, bancos y sociedades de inversión, brokers, etc., con frecuencia ubicados en paraísos fiscales, y cuentan con productos cada vez más sofisticados (bolsas de acciones, mercados de divisas, bonos de deuda pública o privada, cartera de propiedades inmobiliarias, mercados de futuros y de mercancías, fondos de inversión de pensiones, de alto riesgo, hedge funds, derivados, etc.) sometidos a una regulación dispersa que casi siempre privilegia los intereses de los prestamistas[4]. Tanto inversores como deudores pueden ser agentes privados o públicos, lo que configura una amplia tipología de formas de inversión y de endeudamiento.

Además los préstamos internacionales se realizan en un contexto de importante jerarquización económica y política entre estados y  una coyuntura de crisis a nivel mundial, iniciada en el año 2007, que afecta de manera desigual a distintos estados y pone en cuestión en los casos más graves la arquitectura del pacto social preexistente entre clases sociales. Todos estos elementos configuran una cuestión compleja, que admite muchas lecturas. En estas líneas destacamos algunas tendencias que se derivan del análisis de los datos agregados sobre deuda externa.

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 El caso de España: constitucionalización del expolio

La deuda externa de España a mediados de 2013 es de 2,23 billones de dólares, cifra que representa el 172% del PIB anual. Se trata de una tasa bastante elevada en relación a economías no europeas (Estados Unidos, 118%, Japón, 69%) pero relativamente baja si se compara con la de los socios europeos más próximos (Francia, 273%; Alemania, 189%; Portugal, 194%; Reino Unido, 421%; Grecia, 225%; Irlanda, 1.243%; Italia, 149%).

Lo peculiar de España se encuentra en la evolución experimentada a lo largo de la última década, ya que el cambio de tendencia al llegar la crisis (descenso de la deuda privada y aumento de la pública) se ha producido con mucha más aceleración que en el conjunto de los países centrales (Gráfico 3). En los años de crecimiento económico (2003-2007) el endeudamiento exterior de las empresas privadas españolas (deuda externa privada) creció a un ritmo casi tres veces mayor (151 puntos porcentuales) que en la media de países centrales (61 puntos), mientras que la deuda pública aumentó menos rápidamente (24 puntos frente a 34). En la fase de crisis (2007-2013), se produjo una fuerte disminución del endeudamiento privado (-63 puntos en España, -35 en los países ricos) y un incremento extraordinario de la deuda pública, tres veces superior al promedio general (215 puntos frente a 66).

Gráfico 3. Evolución de la deuda externa pública y privada en España y los países centrales (2003-2007 y 2007-2013)

Deuda_3Podemos precisar más la distribución de la deuda externa comparando la parte correspondiente al sector público, a la banca privada y a otros sectores (básicamente empresas no financieras), tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2003 la mitad de la deuda correspondía a los bancos y la otra mitad se repartía a partes casi iguales entre el sector público y otros sectores. En 2007 se redujo ligeramente la parte de la deuda bancaria (de 49% a 45%) y de forma más notable la pública (del 24 al 14%), mientras ganaba 14 puntos la deuda correspondiente a otros sectores (endeudamiento ligado a la “burbuja accionarial” de aquellos años)[7].

Gráfico 4. Reparto de la deuda externa española por sectores económicos (2003-2007-2013)

Deuda_4Finalmente en 2013, después de seis años de crisis, la deuda externa pública se ha puesto a la cabeza, ganando 23 puntos, mientras perdía importancia la de las empresas no financieras (-9 puntos) y, sobre todo, la deuda de los bancos (-15 puntos) que se sitúa ahora en tercera posición. Esta evolución responde a una política económica mediante la que el Estado ha incrementado sus deudas con el Banco Central Europeo y con inversores extranjeros asumiendo el enorme endeudamiento de los bancos en crisis[8], en lo que ha sido un claro ejemplo de socialización de las pérdidas del sector financiero. De este modo, se ha incrementado el déficit fiscal del Estado y una política de contención del gasto público, con los consiguientes recortes.

La tesis de las élites gobernantes es que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a la capacidad económica de la hacienda pública y que, por tanto, es imprescindible reducir las prestaciones y servicios, así como abrir procesos de privatización que impliquen una reducción del gasto. Consecuentemente, la deuda pública es presentada como la clave del desmantelamiento del estado de bienestar. El acuerdo entre PSOE y PP –adoptado con urgencia en el verano de 2011- blindó el pago anual de intereses de la deuda pública, modificando el artículo 135 de la Constitución con el fin de garantizar a los acreedores que dichos pagos “gozarán de prioridad absoluta”. A partir de entonces el “mandato constitucional” legitima el abandono del Pacto de Toledo sobre pensiones, los drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, la marcha atrás en la ley de dependencia, los recortes de salarios del funcionariado o la privatización de distintos servicios públicos, entre otras medidas “de ajuste”. En suma, los mismos argumentos y políticas que han servido durante décadas anteriores para expoliar a las clases populares de los países “periféricos” (en África, Asia y América Latina) han llegado para mostrarnos que en el marco del capitalismo globalizado no hay ciudadelas seguras ni derechos garantizados para siempre. Habrá, pues, que buscar soluciones explorando nuevos caminos. Entre ellas, sin  duda, la impugnación de buena parte de la deuda, tanto porque resulta impagable como porque sus orígenes son fraudulentos y ajenos a las responsabilidades de la mayoría social, así como la iniciativa de más de 50 organizaciones europeas en defensa de una nueva perspectiva frente al comercio, que sitúe a las personas y al planeta por delante de los intereses corporativos de las empresas.

Informe completo:

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