MURCIA, QUÉ HERMOSA ERAS…

Nuevo vídeo de Jabalí Estepario sobre esa otra Región de Murcia que no se ve. Un recorrido de sur a norte, del Mar Menor al Arabí, con una mirada profunda y crítica sobre el maltrato a la tierra y la ambición desmedida.

 

La promocionada a bombo y platillo como “Huerta de Europa” resulta que se ubica precisamente en la cuenca más sobreexplotada de Europa. Un sinsentido que pasa desapercibido y que sistemáticamente es ocultado y negado por los responsables de la desolación.
Murcia, qué hermosa eras…

Gestión indirecta y catering se imponen en los comedores escolares

https://www.seo.org/2018/08/31/los-modelos-de-gestion-indirecta-y-de-catering-se-imponen-en-los-comedores-escolares/

Comedor escolar: Autor: Josep Bedmar

Sólo un 36,4% de los centros escolares en España tiene cocinas in situ y únicamente un 19% son gestionados de forma directa por la Administración.

El 58% de la restauración colectiva está en manos de tan sólo cuatro empresas que se reparten un pastel de unos 630 millones de euros al año. Paralelamente a este proceso de oligopolización, han surgido en todo el país iniciativas de comedores con enfoque agroecológico y nutricional.

 El informe Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora, que se presenta hoy en Madrid, muestra una panorámica del sector a partir de la investigación realizada por Carro de Combate, Del Campo al Cole y SEO/BirdLife, con la colaboración de CEAPA y el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Según el estudio, el 36,4% del alumnado de Educación Infantil y el 29,4% de Primaria realizan la principal comida del día en el centro escolar. Estas cifras evidencian la importancia de mejorar la alimentación en los centros escolares, ya que los menús que se ofrecen no siempre están a la altura del desafío: a menudo, los expertos dan cuenta de un exceso de frituras y alimentos procesados en los menús, frente a una carencia de frutas, verduras y legumbres.

La mayoría de los comedores escolares adolecen de un menú rico en frutas, verduras, hortalizas y legumbres, decántandose por alimentos demasiado procesados. Autor: Josep Bedmar_Del Campo al Cole.

Este estudio, que recoge datos del curso académico 2015-2016, se propone abordar los desafíos que presenta la alimentación en los centros escolares y vincular tales desafíos con el modelo que se está promoviendo desde la legislación, que es competencia de las comunidades autónomas. En este sentido, se aprecia en España una tendencia a la generalización del modelo de subcontratación, a menudo a través de la línea fría, por el que las empresas abastecen los comedores escolares con platos elaborados en cocinas centrales y distribuidos en bandejas. Así, un 63,6% de los centros utilizan servicios externos de catering, mientras que sólo un sólo un 36,4% tienen cocinas in situ en las nueve comunidades autónomas que aportaron datos para este informe. Además, sólo un 19% de los centros tenía gestión directa por la administración, mientras que el 81% era de gestión indirecta, datos en este caso correspondientes a ocho comunidades. El resto de gobiernos autonómicos no proporcionaron la información solicitada.

Informe “Los comedores escolares en España”, que cuenta con la colaboración de SEO/BirdLife.

Este proceso de externalización va de la mano de un acelerado proceso de privatización y oligopolización, en el que la restauración colectiva en general se está quedando en manos de un grupo de empresas cada vez más reducido. Así, un 58% del mercado de restauración colectiva en los comedores escolares en España está en manos de tan sólo cuatro empresas: Serunion, Compass Group, Aramark y Ausolan -que se reparten un pastel de unos 630 millones de euros al año, si incluimos únicamente la modalidad del catering externo-. En no pocas ocasiones, las legislaciones fomentan la oligopolización del sector -por ejemplo, lanzando a concurso público licitaciones con una dimensión de los lotes que impide la participación de las pequeñas y medianas empresas-. Otro de los criterios más cuestionados por madres y padres es que el precio más bajo condicione algunas licitaciones, al ser uno de los factores que influyen en la baja calidad nutricional de las dietas escolares.

Este informe analiza en profundidad el caso de cinco autonomías: Madrid, País Vasco, Galicia, Cataluña y Aragón. También se analiza cómo la nueva Ley de Contratación Pública, aprobada en 2017 y en vigor desde marzo de 2018, ha introducido modificaciones importantes en los procesos de licitación, como el principio de mejor relación calidad-precio, criterios sociales y medioambientales, y una mayor transparencia. Sin embargo, habrá que esperar la aplicación de esta ley para ver hasta qué punto estas medidas conllevan, en efecto, una mayor diversidad de subcontratistas, una mejora en la calidad alimentaria y una política de compras en los comedores escolares más sostenible social y medioambientalmente.

El informe también describe cómo han surgido en todo el Estado iniciativas de comedores con visión agroecológica, que devuelven el control de la cocina a la comunidad escolar y que no sólo tienen en cuenta la calidad nutricional de los menús, sino también el impacto social y ambiental de los productos utilizados. Este tipo de iniciativas promueve un circuito de proximidad y aborda el servicio del comedor como parte de una educación integral en torno a la alimentación.

El diagnóstico de la situación de los comedores escolares nos permite plantear algunas recomendaciones a las Administraciones públicas, entre ellas mejorar la transparencia, introducir criterios en las licitaciones encaminados a mejorar la calidad alimentaria, disminuir la huella ambiental de los alimentos utilizados y promover modelos de gestión del servicio de comedores que faciliten la autonomía de los centros y respeten la voluntad de las familias.

PRINCIPALES DATOS DEL INFORME

  • Un 36,4% del alumnado de Educación Infantil y el 29,4% de Primaria realizan la principal comida del día en el centro escolar.
  • Sólo un 36,4%de los centros tenían cocina in situ, en nueve comunidades autónomas que nos proporcionaron datos (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja), mientras que en el 63,6% de los casos, la comida se lleva preparada por empresas.
  • Únicamente en una comunidad de las que ofreció datos, Galicia, hay más centros con cocinas in situ (333) que dependientes de servicios de catering (103).
  • En el extremo opuesto está Andalucía, donde sólo 107 centros tienen cocinas in situ, frente a 1.150 que contratan servicios externos de catering.
  • En cuanto al modelo de gestión, sólo un 19% de los centros tenía gestión directa por parte de la Administración, mientras que el 81% era de gestión indirecta (Datos correspondientes a ocho comunidades).
  • Al igual que en el apartado anterior, la única comunidad con mayor número de centros de gestión directa, con 302, en comparación a los de gestión indirecta, con 133, es Galicia. Por su parte, destacan tanto Castilla y León como el País Vasco que sólo tienen centros de gestión indirecta.
  • Un 58% del mercado de restauración colectiva en los comedores escolares en España está en manos de tan sólo cuatro empresas: Serunion, Compass Group, Aramark y Ausolan.
  • Los precios máximos en los comedores escolares en España oscilan (dato del curso 2015/2016) entre los 3,50 euros de La Rioja y los 10,89 euros de Navarra; sólo en el caso de la región de Murcia no hay un precio máximo.
  • Al menos 298.066 estudiantes recibieron becas de comedor en las doce comunidades que nos proporcionaron cifras, junto a Ceuta y Melilla. Comparado con el número total de estudiantes que han utilizado los servicios de comedor escolar en esas comunidades, un 32,86% del alumnado habría recibido algún tipo de bonificación.

Informe: Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS – UN MAL NEGOCIO PARA LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD

WWF desvela el fracaso millonario de las inversiones para ahorro de agua en el regadío

https://www.wwf.es/?33740/WWF-desvela-el-fracaso-millonario-de

Las obras para ahorrar agua en la agricultura de regadío, las llamadas modernizaciones, no han servido en realidad para reducir el consumo de este escaso recurso, pese a haber recibido miles de millones de euros de fondos públicos con este fin. Así lo revela el informe ‘Un mal negocio para la naturaleza y la sociedad’ presentado hoy por WWF, en el que se recogen las conclusiones de 10 años de trabajo de la organización y el análisis en profundidad de ocho casos de estudio de proyectos representativos. Aunque las administraciones no han evaluado los resultados de las pasadas modernizaciones, ya están planificadas nuevas inversiones con financiación europea. WWF reclama que se realice un seguimiento estricto de los nuevos proyectos, que asegure que realmente se ahorra agua y que esta se destina a mejorar el estado de ríos, acuíferos y humedales, para beneficio del conjunto de la sociedad.

La escasez de agua es un problema recurrente en España, un país mediterráneo donde dos tercios del agua consumida se dedican a fines agrícolas. Con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia de la agricultura de regadío para ahorrar agua, desde el año 2000 las administraciones públicas han invertido más de 2.900 millones de euros –cofinanciados con fondos europeos para el desarrollo rural- en las llamadas modernizaciones de regadíos. La modernización de un regadío consiste en medidas como la eliminación de fugas en las conducciones, la sustitución de canales y acequias por tuberías bajo tierra o la sustitución del tradicional riego por gravedad por métodos como la aspersión o el goteo.

WWF ha pedido en muchas ocasiones a las administraciones, sin éxito, los detalles sobre estas actuaciones a las que se han destinado una ingente cantidad de fondos públicos. De hecho, tras quejas de WWF, el Defensor del Pueblo ha calificado esta falta de transparencia e información como “obscurantismo abusivo”. Ante la falta de respuesta, WWF ha elaborado un informe, titulado “Modernización de regadíos: un mal negocio para la naturaleza y la sociedad”, en el que se recogen 10 años de experiencia de la organización, una revisión de la bibliografía científica existente realizada por expertos de la Universidad de Zaragoza y el análisis en profundidad de ocho modernizaciones de las que existen más datos. La conclusión es contundente: estas obras no sólo no han servido para ahorrar agua, el principal argumento esgrimido en muchas modernizaciones, sino que han supuesto un aumento del consumo de este recurso. En concreto, en los 8 casos de estudio el aumento ha sido de entre un 4 y un 42%.

La mayor eficiencia de los sistemas de riego no ha servido para dar más agua a ríos y acuíferos, que en nuestro país se encuentran en general en mal estado y sobreexplotados, sino para intensificar la producción: dobles cosechas, mayor densidad de las plantaciones, aumento de la superficie regada, o el cambio hacia cultivos más rentables pero que consumen más agua (como maíz o cítricos).

Además, al mismo tiempo que ha aumentado la productividad se han disparado los costes para los agricultores, principalmente los energéticos, hasta el punto de que algunas comunidades de regantes están viendo amenazada la viabilidad económica de sus explotaciones tras las modernizaciones.

En su informe, WWF ha identificado siete lecciones aprendidas de las modernizaciones de regadíos, que deberían ser aplicadas por las administraciones para los nuevos proyectos. Este año se aprueban los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas, con más de 8.000 millones de financiación hasta el 2020 y también la revisión de los Planes Hidrológicos de Demarcación. En ambos casos las modernizaciones se están planteando como una medida estrella. Sin embargo, WWF alerta de que si no se realizan de otro modo, estas inversiones sólo servirán para beneficiar a unos pocos y no al conjunto de la sociedad y a la naturaleza.

Antes de invertir más fondos públicos en modernizaciones, WWF reclama cambios significativos en estos proyectos para que dejen de ser un mal negocio para la naturaleza y la sociedad: tanto en su planificación, como en su diseño y evaluación. Estas propuestas van en línea con las reclamaciones de la Comisión Europea a España en relación con los nuevos Planes Hidrológicos. “Solo con unos condicionantes y un seguimiento estricto de las modernizaciones podremos asegurar que realmente se ahorra agua y que esta se destina a mejorar el estado de nuestros maltratados ríos, acuíferos y humedales, y a asegurar que siguen aportando a la sociedad agua para beber y otros muchos servicios”, ha concluido Eva Hernández.

Biosegura y El Huertanico

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CANALEJAS – HOMENAJE AL RIO SEGURA

‘Canalejas’ es la primera película de un proyecto de filmación en homenaje al río Segura que se estrena públicamente este domingo, 21 de mayo, a las 18:30 horas, en la Filmoteca Regional de Murcia. Dirigido por Joaquín Lisón, el film refleja -a través de personajes y paisajes-, la historia de las aldeas perdidas de Pontones en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas de Jaén. La segunda parte de este proyecto se grabará durante este verano en parajes de la Vega Alta y el Valle de Ricote.

Los pozos ilegales nos roban el agua

https://es.greenpeace.org/es/noticias/los-pozos-ilegales-nos-roban-el-agua/?utm_medium=social_network&utm_source=facebook&utm_campaign=Agua&utm_content=pozos&utm_term=ilegales

La mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad. Mientras la Administración responsable de su control no ofrece datos públicos, no es transparente con este asunto, ni tampoco utiliza los mecanismos para atajar el problema desde la raíz.

Sólo conocemos un dato de 2006 y otro del 2017 de manera no oficial, pero el número de pozos ilegales podría ascender a más de un millón. Por ese motivo, hemos realizado una investigación para sacar esto datos de captaciones ilegales a la luz, realizando peticiones de información en portales de transparencia a la Administración e incluso ayuda ciudadana a través de nuestra plataforma de denuncia y filtraciones on line. Nuestro objetivo es saber exactamente el número de pozos ilegales y poner sobre la mesa cómo el robo del agua provoca que mientras uno se quedan sin agua, otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la Ley.

España ha mantenido una política hídrica basada en satisfacer cualquier demanda de agua, por insostenible que esta sea, a base de infraestructura hidráulicas (embalses, trasvases…). El país cuenta con más de 1.200 embalses, que segmentan la práctica totalidad de los cauces con la graves consecuencias ecológicas. Esto nos sitúa como el quinto país del mundo con mayor número de grandes presas y el primero en número de embalses por habitante y kilómetro cuadrado, con una capacidad de almacenar 55.981 hm3.

Sin embargo, esta ingente capacidad de guardar agua “en superficie” está actualmente en jaque debido al crecimiento desorbitado de la demanda. Es responsable de ello un sistema de regadío sobredimensionado, pero también los usos urbanos e industriales que aumentan año tras año. Se plantea actualmente una crisis en el sistema, que se agravará debido a la disminución de las precipitaciones y la elevación de las temperaturas como pronostica la ciencia a consecuencia del cambio climático. Por el momento dicha situación está impidiendo dar un uso sostenible del agua y mantener nuestros ecosistemas acuáticos en buen estado ecológico. A pesar de las lluvias de las dos últimas semanas que pudiera parecer que el problema está resuelto, sin embargo, la sequía sigue siendo la más severa del siglo.

La semana pasada la Fundación Fomento y Gestión del Agua (FFGA) constituida por expertos hidrogeólogos anunciaba que el volumen total de agua contenido en los acuíferos en España podría ascender a 400.000 hectómetros cúbicos. Unas 7 veces más capacidad que la de los embalses. Pero de la que solo se podría usar de forma sostenible unos 35.000 hm3 el recurso renovable. Aún así no es lícito plantearse el uso de las aguas subterráneas sin saber cuánto se está robando, pues no hay datos reales del número de pozos ilegales en nuestro territorio.

Desgraciadamente la actual situación de desgobierno y falta de control en la extracción de agua subterránea pone en serio peligro auténticas reservas estratégicas de agua. Los únicos datos oficiales que se manejan sobre el tema, datan de 2006. Estos inventarían al menos 510.000 pozos ilegales que extraerían más de 3.570 hm3/año, el consumo equivalente a una población de 58 millones de personas. El propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2017 de forma no oficial, elevaba esta cifra a más de 1.000.000 de pozos ilegales, que podrían estar extrayendo al menos 7.000 hm3/año.

Según datos oficiales del Instituto Geológico y Minero de España, actualmente el 44% de las masas de aguas subterráneas está en mal estado cuantitativo y/o químico (sobreexplotados y/o contaminados). Una cifra que, de no controlarse seguirá aumentando y pondrá en serio peligro el abastecimiento humano, y la supervivencia de todos los ecosistemas peninsulares.

Por ello, es imprescindible frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles. Luchar contra el deterioro de las masas de agua (subterráneas y superficiales), y combatir con todas las armas legales la apropiación y sobreexplotación de acuíferos y cauces. Cabe recordar que la extracción ilegal es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión.

De cara a denunciar atropellos, robos con este recurso del que depende la vida, hemos puesto a disposición de la ciudadanía, la plataforma Fíltrala, una plataforma en la que puedes denunciar de forma anónima y confidencial malas prácticas

Fuente: IGME (Instituto Geológico y Minero de España) / elaboración propia