LA TRIBU CHOLITA

“CON BASURA SIEMPRE VAMOS A FRACASAR”, explica Zenobia, una cholita boliviana que demuestra que no hace falta ser científico para darse cuenta de lo que le estamos haciendo a la Tierra

Participa en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. PAEAS

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/

PREPARACIÓN DEL PAEAS

En un momento histórico de imprescindible avance hacia la sostenibilidad y pasados 20 años de la publicación del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado los trabajos para la elaboración de un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en España 2020-2025 (PAEAS), que permita definir líneas estratégicas y acciones concretas para el desarrollo de esta materia en los próximos años. Este plan, que fue presentado en la COP 25 (diciembre de 2019), está coordinado por el CENEAM, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.

Durante 2020 se pone en marcha un proceso de participación pública, organizado en dos fases, cuyo objetivo es facilitar la apropiación de este Plan de Acción por los distintos sectores sociales, a través de un proceso de construcción colectiva en el que se recogerán las aportaciones de los sectores de: Administración General del Estado; Comunidades Autónomas; Administraciones Locales; Sector Privado (Empresas y Fundaciones); Asociaciones Ambientalistas, Organizaciones Sociales, Sindicatos y Movimientos Ciudadanos; Profesionales de la Educación Ambiental y Equipamientos Ambientales; Medios de Comunicación y Redes Sociales; Espacios Naturales Protegidos; Educación Formal y Comunidad Educativa; Universidad.

La primera fase de participación se desarrolla en 10 grupos de trabajo con expertos de los sectores indicados, que cuentan con un equipo coordinador que organiza y facilita su trabajo en los siguientes ámbitos estratégicos: Cambio climático (mitigación y adaptación) y transición energética; Economía, estilos y condiciones de vida y salud; Conservación de la biodiversidad terrestre y marina; Educación; Medio urbano y medio rural; Gobernanza; Capacitación y desarrollo profesional.

A partir del debate en los sectores definidos, surgirán aportaciones y modificaciones al documento base existente, elaborado desde el CENEAM, que servirán para redactar una primera versión del PAEAS, que se someterá posteriormente a una fase de participación abierta en línea. En esta segunda fase se obtendrán nuevas aportaciones y cambios que habrán de ser valorados e incorporados a una segunda versión, que será informada por las comunidades autónomas y departamentos ministeriales competentes en la materia.

Está previsto que el proceso culmine con la celebración de un Congreso Nacional de Educación Ambiental, en el CENEAM (fechas por determinar), donde se presentará para su aprobación el documento definitivo del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2020-2025 (PAEAS) consensuado por todos los actores, que deberá constituir una herramienta de trabajo para orientar el desarrollo de la educación ambiental en España durante los próximos años.

Las personas interesadas en presentar propuestas para un determinado sector, pueden hacer sus aportaciones al correo-e: paeas@oapn.es.

 

Ideas para una nueva agricultura de secano y contra el suicidio hídrico

https://elasombrario.com/ideas-nueva-agricultura-secano-contra-suicidio-hidrico/

por WWF España

Los cultivos de regadío consumen el 70% del agua en España y su crecimiento desorbitado en zonas de especial interés para la naturaleza ha puesto en jaque espacios únicos como Doñana y Las Tablas de Daimiel. Frente al avance de los regadíos, los cultivos de secano se muestran como una opción sostenible. El apoyo a los agricultores de secano frente a una industrialización masiva del campo es clave por motivos ambientales, pero también si queremos contribuir a mantener un mundo rural vivo. Nueva entrega en colaboración con WWF España en torno a ‘una dieta sana / un planeta sano’.

Por Celsa Peiteado, Rafael Seiz, Felipe Fuentelsaz y Nylva Hiruelas / WWF-España

España es un país eminentemente agrario. Si bien el peso económico del sector agroalimentario ha decaído en las últimas décadas, los paisajes que disfrutamos fuera de las ciudades y la comida en nuestras mesas son fruto de la labor diaria de agricultores y ganaderos. Cereales, olivares y viñedos de secano conformaban hace siglos la triada mediterránea, alimentando a la población con tres productos básicos, el pan, el vino y el aceite, con prácticas adaptadas a nuestro clima y suelos. Con el tiempo, se fueron introduciendo nuevos cultivos, que enriquecieron la dieta hasta conformar el menú mediterráneo y el atlántico, de reconocidos valores nutritivos.

Sin embargo, la intensificación agraria vivida a mediados del siglo XX, especialmente impulsada por la mal llamada revolución verde del campo, además de un aumento en las cosechas, nos trajo otras consecuencias indeseables. En muchos casos, este proceso de intensificación se realiza a partir de la transformación de cultivos de secano –solamente alimentados con el agua de la lluvia– a regadío, con aportes de agua de ríos, acuíferos o, últimamente, de desaladoras y aguas residuales regeneradas. Así, de una agricultura eminentemente de secano, llegamos hasta nuestros días, donde los cultivos regados ocupan algo más del 20% de las tierras de cultivo.

El regadío, si bien es una estrategia adecuada para aumentar la producción y diversificar las cosechas –no en vano genera dos tercios del empleo agrario–mal planificado y creciendo por encima de la capacidad de la naturaleza se ha convertido en un serio problema para el buen estado de nuestros ríos, acuíferos y humedales. Los planes hidrológicos de demarcación reconocen que, aún a día de hoy, el 45% de nuestros cauces y zonas húmedas y el 44% de nuestras reservas subterráneas están en mal estado.

En el caso de los acuíferos, el 35% están afectados por problemas de calidad de sus aguas y uno de cada cuatro está sometido a una explotación excesiva, por encima de su recarga natural. En el caso de los ríos y las zonas húmedas, los planes hidrológicos reconocen que más de la mitad están afectadas por algún tipo de modificación en el cauce, por presiones de extracción (30%) ligadas al consumo de agua para los diferentes usos (el uso para el riego agrícola es el que representa la mayor parte del consumo de agua en España) o por problemas de contaminación difusa ligada a la agricultura intensiva (43%) y a vertidos puntuales (44%).

En nuestro país, los cultivos regados consumen el 70% del agua dulce y su crecimiento desorbitado –en muchos casos de manera ilegal– en zonas de especial interés para la naturaleza ha puesto en jaque, en primer lugar, a los productores de secano y, en segundo término, a espacios únicos, como Doñana o Las Tablas de Daimiel. La contaminación por fertilizantes y plaguicidas empleados en agricultura, que depende de la intensidad del cultivo, ha afectado en algunos casos a las fuentes para abastecimiento a los hogares y ha llevado al límite a zonas únicas, como el Mar Menor.

De una planificación racional y uso sostenible del agua en el regadío y del apoyo incondicional a los cultivos de secano dependerá que nuestro país –en líneas rojas por el cambio climático– no cometa un suicido hídrico que acabe poniendo en jaque, también, el futuro de todo el sector agrario en su conjunto.

SECANOS QUE DAN VIDA

Frente al avance de los regadíos, en gran parte incentivados por fondos públicos, los cultivos de secano se muestran como una opción sostenible para producir alimentos respetando el equilibrio de los ecosistemas, aliados en la lucha contra el cambio climático. Viñedos, olivares, almendros y otros cultivos tradicionalmente de secano se transforman a regadío superintensivos, con un elevado consumo de agua en zonas en las que ya es escasa, y sobreproducción de cosechas que hunden los precios y arruinan a los agricultores de secano. En otras zonas, las producciones de cereal y legumbres se transforman directamente a otros cultivos de regadío, perdiéndose un patrimonio gastronómico único, pero también el hábitat para numerosas especies que encontraban en estas estepas cerealistas refugio y alimento.

Esta apuesta por una industrialización de la agricultura, que convierte los campos en fábricas, no es sino una apuesta fallida en el marco del cambio climático y el estado en que ya se encuentran los ríos y acuíferos en la mayor parte de España. 

Para hacer frente a este modelo predominante, que apuesta por la cantidad frente a la calidad, aparecen iniciativas de diferenciación de las producciones de secano. Estas promueven buenas prácticas a pie de campo que muestran cómo se puede aunar la obtención de alimentos sanos con la naturaleza como aliada. Un claro ejemplo es el de la finca de Pistachos de Villamalea (Albacete), donde desde el Fondo Forestal Ibérico llevan más de una década produciendo frutos secos de calidad, certificados en agricultura ecológica y biodinámica, recuperando y conservando además la flora y la fauna local y donde toda la producción se basa en cultivos de secano.

El apoyo a estos agricultores de secano es clave por motivos ambientales, pero también si queremos contribuir a mantener un mundo rural vivo.

DIETA SOSTENIBLE TAMBIÉN PARA LOS RÍOS

Para producir alimentos consumimos agua, es lo que se conoce como su huella hídrica. Para un kilo de tomates necesitamos 214 litros de agua, un kilo de lechuga requerirá 237 litros, mientras que un litro de leche llevará 1.000 litros de agua y un kilo de ternera elevará la cuenta hasta 15.000 litros, pues hay que tener en cuenta el agua que ha bebido el animal, la destinada a sus alimentos y otros usos (por ejemplo, la limpieza de las instalaciones ganaderas. Estos datos, proporcionados por la Red de la Huella Hídrica (Water Footprint Network), nos dan una idea del agua que necesitamos para la producción de alimentos, también de la que contaminamos en su obtención y permite visualizar el impacto que con nuestra dieta dejamos en ríos y acuíferos.

Cuanto mayor es nuestro consumo de alimentos de origen animal, procesados o de cultivos intensivos, mayor es el agua que se requiere para nuestra alimentación.

En un estudio publicado en Nature sobre la huella hídrica de diferentes dietas en Francia, Alemania y Reino Unido, se concluye que cambiar de la dieta actual (alta en alimentos de origen animal, azúcares y productos procesados) hacia otra más sostenible, que siga incluyendo carne, disminuye la huella hídrica hasta un 35%. Se observan reducciones más importantes, hasta el 55%, si el cambio se hace a dietas pescetarianas y vegetarianas saludables. Lo que es lo mismo, una dieta sana no solo es bueno para la salud humana, sino que también reduce sustancialmente el consumo de agua.

Tampoco hay que olvidar el agua que directamente malgastamos cuando tiramos alimentos a la basura. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, el desperdicio alimentario en los hogares españoles genera una huella hídrica de más de 130 litros por persona y día. El derroche de comida junto con los productos que caducan y los que se estropean antes de consumirlos alcanzan casi los 2.100 hectómetros cúbicos para toda España, lo que equivale al derroche de una bañera grande llena de agua cada día. 

En conclusión, una dieta sostenible, con más fruta y verdura, menos alimentos procesados o de origen animal, apostando por productos locales y de temporada, junto con el freno al malgasto de alimentos, cuidará de nuestra salud y también la de los ríos, acuíferos y la biodiversidad que en ellos habitan.

 

Una manzana puede contener hasta 31 pesticidas diferentes

https://www.ecologistasenaccion.org/145212/una-manzana-puede-contener-hasta-31-pesticidas-diferentes/

  • Ecologistas en Acción ha presentado el informe ‘Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’, un estudio que mide la presencia de pesticidas y pesticidas disruptores endocrinos encontrados en productos alimentarios comercializados en el Estado español.
  • Los resultados muestran que la población está expuesta a un elevado número de plaguicidas a través de la alimentación. Se han encontrado residuos de plaguicidas en el 34 % de las muestras de alimentos (927 sobre un total de 2.711 muestras). Este porcentaje aumenta hasta el 41,69 % en el caso de las frutas y verduras.
  • El pimiento y la manzana encabezan la lista de alimentos con más tóxicos, habiéndose encontrado hasta 33 y 31 pesticidas distintos en cada uno de ellos.

Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores.

[Informe] Directo a tus hormonas

Nuestro país es el mayor consumidor de pesticidas de Europa. Así lo avalan los últimos datos publicados por Eurostat correspondientes al año 2017, que  vuelven a situarlo como líder europeo con la comercialización de 71.987 toneladas de plaguicidas. A partir de este dato arranca el informe ‘Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’.

Por tercer año consecutivo, Ecologistas en Acción analiza los resultados que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado a partir de los datos disponibles del programa de residuos de pesticidas en alimentos correspondientes al año 2018. Los objetivos del informe son ofrecer a la población información transparente y de calidad sobre los productos alimenticios que se están consumiendo, mostrar alternativas para un consumo más seguro y exigir a todas las administraciones públicas que tomen medidas más ambiciosas para proteger la salud de las personas.

En sus páginas se ofrece información sobre los análisis realizados, los listados de los alimentos con más pesticidas así como de los pesticidas más utilizados. También se incluyen exigencias a las administraciones para terminar con la utilización de estos tóxicos y recomendaciones a la ciudadanía para poder evitarlos.

Durante 2018 en el Estado español se realizaron 467.443 análisis de pesticidas a 2.711 muestras de alimentos. Una cifra que lo sitúa en las últimas posiciones de la clasificación europea, concretamente en el antepenúltimo lugar, con 5,6 muestras por cada 100.000 habitantes, mientras la media europea asciende a 17,6.

El número total de plaguicidas analizados en 2018 fue 700. Los análisis incluyen sustancias cuyo uso está autorizado y también un elevado número de plaguicidas no autorizados (como DDT, lindano o endosulfán). No obstante, no todas estas sustancias fueron analizadas en todas las muestras.

Los resultados del análisis de plaguicidas en los alimentos en 2018 muestran que el  porcentaje de incumplimiento del Estado español, es decir, de muestras con residuos por encima de los límites máximos de residuos (LMR), fue en 2018 de 2,1 %. Por tanto, fue un porcentaje superior al 1,8 % de 2017. Los datos de la UE fueron sensiblemente más altos, con un incumplimiento del 4,1 % en 2017 y del 4,5 % en 2018.

Al menos el 62 % de la cantidad en kilos de pesticidas de los que se dispone de datos públicos no estuvieron sujetos al programa de control de residuos de plaguicidas en los alimentos.

Frutas y verduras contaminadas

Nuestros alimentos contienen al menos 36 pesticidas con capacidad de alterar el sistema hormonal según el criterio de Pesticide Action Network Europe, o 72 pesticidas EDC (disruptores endocrinos) si tenemos en cuenta el criterio del documento de trabajo de la Comisión Europea. Si incluimos además dos de las sustancias prohibidas detectadas (DDT y endosulfán), las cifras ascienden a 38 y 74 respectivamente.

Además, los programas de control de residuos de plaguicidas en alimentos no analizan todas las sustancias en uso y solo se analizan un número limitado de plaguicidas en cada alimento. Por ello es posible que algunos alimentos contengan más residuos de diferentes plaguicidas que los que muestran los datos.

Producto Nº de plaguicidas EDC Nº de plaguicidas totales
Pimientos 13 33
Manzanas 11 31
Uvas de mesa 9 41
Mandarinas 9 33
Peras 9 32
Limones 8 23
Pomelos 8 22
Naranjas 7 27
Tomates 7 27
Lechugas 7 14

Por todo ello, una vez más Ecologistas en Acción ha exigido a todas las administraciones públicas que pongan medidas urgentes para prohibir estos pesticidas y proteger el derecho a la salud de la ciudadanía. Sus demandas se concretan en tres puntos:

  1. Aplicar la normativa. Que las administraciones públicas prohíban cuanto antes los plaguicidas con capacidad de alterar el sistema endocrino, tal como establece el Reglamento 1107/2009 de plaguicidas.
  2. Transformar el sistema agrario industrializado dependiente de pesticidas a un sistema agroecológico.
  3. Facilitar la producción, distribución y acceso a productos libres de pesticidas y de origen agroecológico.

A su vez, el informe ‘Directo a tus hormonas’ incluye recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para que esta pueda evitar estos pesticidas en su alimentación y tener una dieta saludable: consumir fruta y verdura a diario, elegir alimentos sin plaguicidas, locales y de temporada; elegir los alimentos con menos plaguicidas; lavar y pelar la fruta y la verdura; alimentar a los bebés con productos naturales sin plaguicidas. Si esto no es posible, es preferible no utilizar frutas y verduras provenientes de la agricultura industrial y optar por productos infantiles procesados.

 

Incumplimiento de salarios, mordidas y trabajo bajo amenaza: la mafia de las ETT en el campo murciano

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/incumplimiento-salarios-mordidas-trabajo-amenaza-mafia-ett-campo-murciano_1_6110392.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=07/19/2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-b2230fa989-56326865&mc_cid=b2230fa989&mc_eid=30304eb318

  • “Hemos constatado que hay intermediarios que se llevan comisiones inventadas; les hacen alquilar o comprar el material de trabajo y ni siquiera cuentan con cuartos de baño para hacer sus necesidades o una simple mesa con sombra para comer y descansar”, denuncian desde Parem

Jornaleros en el Campo de Cartagena / CARLOS TRENOR

Erena Calvo, @erenacalvo

La Región de Murcia ocupa “lamentablemente” el tercer puesto, tras Cataluña y Madrid, en número de contratos a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). La mayoría de estos contratos se concentran en el sector agrícola. Lo cuenta Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras en la Región. Para hacernos una idea de la salud del sector del campo en materia de derechos laborales en esta comunidad, Navarro explica que hay incluso ETT de otras provincias que se instalan en Murcia y Cartagena, donde pueden operar con mayor impunidad que en sus respectivos territorios. Es un “disparate”, cuenta en su despacho a este periódico.

Nos encontramos ante un sector en el que la norma suele ser el incumplimiento de contratos y cotizaciones y el pago incompleto e irregular de los salarios. Lo denuncia Parem, la Asociación para las Personas Refugiadas y Migrantes residentes en la Región de Murcia, que durante el estado de alarma por la COVID-19 se ha encargado de gestionar la contratación de 32 personas migrantes con distintas ETT. Begoña Iriarte es voluntaria y coordinadora de esta ONG. “Sabíamos que el campo no es la mejor opción laboral, pero sí que era la única salida para muchas personas”. Por ello, tras el real decreto aprobado durante el estado de alarma por el Gobierno central para favorecer el empleo de parados e inmigrantes en el campo, se pusieron manos a la obra.

Adriana Trafonsky es coordinadora de Recursos y Servicios en Parem y es una de las encargadas de hacer malabarismos para encontrar trabajo a las personas que acuden a ellas. Contratar directamente con la ETT, cuenta Trafonsky, es complicado. Hay que pasar por el filtro de los jefes de cuadrilla, que ya tienen a su gente normalmente. Les ahorran a las ETT, explica, el proceso de selección.

Además, “hemos constatado que hay intermediarios que se llevan comisiones inventadas; les hacen alquilar o comprar el material de trabajo y ni siquiera cuentan con cuartos de baño para hacer sus necesidades o una simple mesa con sombra para comer y descansar”. El pago de las nóminas se deja en manos de los jefes de cuadrilla, “que muchas veces los hacen a través de cheques que hay que ir a buscar muy lejos del lugar de trabajo”; les cobran “de manera ilegal” el transporte para acudir a la finca, hasta cinco euros diarios. O les descuentan de la nómina las horas de descanso. “Por ejemplo, si llueve y no pueden recoger fruta, o la hora de la comida”.

Para Natalia (nombre ficticio) fue un choque “brutal” no encontrar cuartos de baño en su trabajo. “Me resultó una ausencia de intimidad total, en especial para la mujer durante sus días de menstruación”. Hace cinco años que reside en España. Llegó de un país de América Latina para labrarse un mejor porvenir. “He trabajado de camarera y en el cuidado de personas dependientes” y nunca pensó en entrar en el sector agrícola hasta la crisis de la COVID-19. “Me quedé sin empleo y vi una oportunidad” en el real decreto del Gobierno.

“Nos hicieron firmar el contrato de forma digital y sin poder leerlo primero”, se queja la mujer al tiempo que relata: “Nos lo mandaron porque reclamamos al percatarnos de las primeras irregularidades”. Natalia y algunos de los chicos de Parem fueron fichados por una ETT valenciana con sede en Murcia.

“La suerte que tuvimos fue que la ONG estaba supervisando constantemente y nos acompañaron en todo el proceso”, pero no es lo habitual “y muchas personas en nuestra situación se ven totalmente desamparadas y perdidas, sin saber a quién recurrir”. De un contrato de un mes y una semana “solo habíamos cotizado 17 días, nos restaron en la nómina el transporte hasta el puesto de trabajo, 10 céntimos de peaje diario para la jefa de cuadrilla y 3,50 euros de alquiler de herramientas de trabajo”. Tras las gestiones de Parem y CCOO, “nos han devuelto todos los conceptos que nos habían descontado injustamente”.

Karim confirma la versión de su compañera. Ambos se encontraban todas las mañanas, a las cinco, en el punto donde el transporte recogía a su cuadrilla. Aunque la jornada empezaba antes porque había que preparar desayuno y comida. Hasta el agua tenían que llevarla y cargarla con ellos. “El trabajo era de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a domingo, muy duro”. A ninguno de los dos les importaba, “necesitamos el empleo, y el grupo con el que trabajábamos era bueno, todos nos ayudábamos; pero la ETT nos estaba robando”.

Este marroquí de 20 años llegó a los 17 a Murcia. Tras su paso por algún centro de menores de la Región, hace dos que deambula sin rumbo fijo. “He dormido mucho tiempo en la calle y se sobrevive, pues… como se puede”. Karim entra dentro del grupo de exmenores tutelados de entre 18 y 21 años a los que el Gobierno ha autorizado la concesión extraordinaria de permisos de trabajo y residencia a raíz de la COVID-19.

“Si trabajan dos meses, su siguiente tarjeta sería con permiso de trabajo”, explica Begoña Iriarte. Esa es la teoría, dice contrariada, “pero el problema es que con esas grandes noticias que abren posibilidades de trabajo y legalización luego nos encontramos muchas veces con un laberinto administrativo que lo dificulta”. Para empezar, explica, la empresa tiene que presentar un documento en el Servicio de Empleo “para que se le contabilicen los días trabajados, y no está ni referido en el BOE”. En su opinión, “se está utilizando gente vulnerable que se parte el lomo para explotarles con total impunidad”.

Natalia y Karim cobraban por hora, pero hay otros casos en los que los trabajadores lo hacen “a destajo”, por piezas recogidas. Las cuadrillas reparten la cantidad de cajas por los integrantes del grupo a partes iguales. “Es decir, si se hicieron 200 cajas entre 8 personas todos deberían cobrar 25 euros, pero la realidad es que algunos cobran 60 euros, otros 18, otros 20 y otros 75, por poner un ejemplo”, relata Adriana Trafonsky.

Como los contratos son temporales, “si trabajas hoy te pagan, y si no trabajas no te pagan; juegan al despiste y llega un punto en que el trabajador solo sabe que tiene que trabajar y nada más”, puntualiza su compañera.

Una mascarilla para todo el mes

En cuanto a los medios de protección ante la COVID-19, relatan, la ETT no les suministró gel desinfectante y solo les facilitó una mascarilla para todo el mes, “de las de un solo uso”. Y no habrían podido disponer de más medios de protección “si no hubiera sido porque Begoña y Adriana venían algunas mañanas hasta el autobús para repartirlas entre el grupo”.

En esta Región va a haber problemas “si no se toman cartas en el asunto”, considera Santiago Navarro. Más aún con el coronavirus acechando. “Se están incumpliendo las medidas de higiene en muchas empresas y podemos cruzar los dedos porque ha habido pocos contagios para las pocas medidas que se han puesto en marcha”, se queja.

Murcia no puede destacar “como esa comunidad donde nos saltamos la ley en materia de contratación, las negociaciones colectivas se paralizan y no se paga el salario mínimo interprofesional”, reflexiona el secretario general de CCOO, quien puntualiza que hay “empresas dignas” y sectores que sí cumplen y nombra, por ejemplo, al de manipulado de cítricos, “que se han sentado y negociado un convenio para que cobren por encima del salario mínimo”. Para Navarro es inexplicable que no se sancione a “empresas que llevan muchos años con estas prácticas, que tienen encomendado su futuro a pagar menos y contratar a través de ETT, y que además ejercen presiones para que los trabajadores no se organicen sindicalmente”.

Unas prácticas que no son desconocidas ni para el Gobierno ni para la inspección, critica Navarro, quien reclama una mesa sectorial que aborde esta problemática. Como si hubieran escuchado sus palabras, el Gobierno regional trabaja para fijar la fecha de la primera Mesa Sectorial sobre Empresas de Trabajo Temporal. “Algo que llevan pidiendo patronal y sindicatos durante varios años”, explican fuentes de la Consejería de Empleo. El próximo martes está prevista la Mesa de Seguridad y Salud Laboral “donde se calendarizará la reunión para abordar esta cuestión”.

3.000 jornaleros se echaron a la calle el pasado sábado en Torre Pacheco y preparan más movilizaciones

Los temporeros no descartan una huelga general: “Reclamamos nuestra dignidad como trabajadores”

Las precarias condiciones bajo las que trabajan muchos temporeros –la mayoría inmigrantes– en el campo murciano están convirtiendo al Campo de Cartagena en un polvorín. Casi 3.000 extranjeros recorrieron las calles de Torre Pacheco el pasado sábado en una manifestación “en defensa de los trabajadores del campo y la regularización del trabajo en la economía sumergida” convocada por ATIM, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, que ha querido repetir este domingo en Lorca, pero que finalmente no ha podido al desaconsejar la Policía Local de este municipio la marcha.

Mohamed Elghrib, presidente de ATIM, señala que en zonas como Cartagena, Almería y Huelva hay muchas denuncias de los trabajadores del campo, “que da dinero a los empresarios pero una gran parte de esos agricultores lamentablemente esclavizan a su mano de obra”. Por ello, “reivindicamos reciprocidad por parte del agricultor; los dos son necesarios y se ha visto durante la COVID-19”. Lghrib reconoce que no son todos los que incumplen los contratos, “pero la mayoría no se adaptan a la normativa y afecta a nuestro colectivo”.

Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras, alerta sobre la “creciente preocupación” y “malestar” entre los jornaleros. “Las manifestaciones son una muestra del ambiente que se está generando”. Y advierte, al igual que Elghrib, de que la huelga general es un instrumento que se ha planteado y que está encima de la mesa.

Manifestación “desaconsejada”

ATIM solicitó a la Delegación del Gobierno autorización para celebrar una manifestación en Lorca este domingo, a las 18:30 y con una duración de 3 horas “sin que concurrieran causas especiales de peligrosidad o que pudiesen provocar alteraciones de orden público, al ser una manifestación pacífica y de carácter reivindicativo”, explican desde ATIM al tiempo que critican que la Policía Local de Lorca la haya desaconsejado y se les haya propuesto como alternativa una concentración “a la que pueden asistir como máximo 800 personas”. Lghrib explica: “Hay muchos compatriotas que se quieren unir para expresar su queja, por lo que preferimos esperar a poder convocarla más adelante”.

Según la concejala de Diversidad del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, “desde el Consistorio lorquino no hemos prohibido, en ningún momento, la manifestación convocada para este próximo domingo” y aclara que “la Policía Local, desconociendo el número de asistentes o el protocolo con las medidas de seguridad concretas, sugería que esta marcha no debía de ser autorizada” ya que “no se podía garantizar el distanciamiento entre los asistentes y que se respetara el aforo máximo establecido”.