El TSJ pedirá explicaciones a cuatro jueces con procesos de corrupción malogrados

https://www.laverdad.es/murcia/pedira-explicaciones-cuatro-20190620004531-ntvo.html

RICARDO FERNÁNDEZ

Representantes de la Sala de Gobierno visitarán 4 juzgados de Murcia, Lorca y Caravaca para conocer por qué se les han pasado los plazos

Los titulares de cuatro juzgados de la Región, en los que se han investigado causas de supuesta corrupción que han acabado malográndose -en mayor o menor medida- a consecuencia de la superación de los plazos máximos legales de instrucción, tendrán que ofrecer explicaciones a representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre las razones que condujeron a tal situación. Así lo decidió este martes la Sala de Gobierno del TSJ, que se reunió en pleno para analizar el delicado escenario que -a consecuencia del citado incumplimiento de los plazos legales- se había generado en los tribunales murcianos, en estos últimos tiempos, con el dictado de resoluciones que han anulado o cerrado abruptamente varios procedimientos en los que se investigaban supuestas desviaciones de poder en las instituciones públicas.

Con la decisión de reclamar explicaciones a los jueces responsables de esas investigaciones, el máximo órgano jurisdiccional de la Región da respuesta al profundo malestar, bochorno y estupor que se habían instalado en la sociedad murciana, y particularmente en el seno de la propia Administración de Justicia, a raíz de que se conociera hace dos semanas que parte de la investigación del caso de la desaladora de Escombreras quedaba anulada por la superación de un tope legal. Y ello debido a que la magistrada instructora, María del Mar Azuar, no había declarado a tiempo la complejidad de la causa y prorrogado hasta dieciocho meses la investigación.

A resultas de ese fallo, todas las diligencias realizadas desde septiembre de 2018 quedaban invalidadas y además se impide que se puedan practicar otras nuevas pruebas, entre ellas una hipotética imputación del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, contra quien tenían previsto actuar de forma inminente tanto la Fiscalía Superior como varias de las acusaciones privadas. De tal forma que, aunque la causa podrá llegar a juicio con las diligencias ya existentes, lo hará cercenada.

El grave contratiempo en la instrucción del ‘caso La Sal’ viene a sumarse a otros similares que han afectado, al menos, a otras tres causas de supuesta corrupción: el ‘caso Pasarelas’, que motivó la exculpación del expresidente Pedro Antonio Sánchez también por la vulneración del plazo para investigar’; el ‘caso Acal’, archivado por un juzgado de Caravaca de la Cruz por haber expirado igualmente el tiempo máximo para investigar; y el procedimiento sobre las obras del Teatro Auditorio de Cehegín, condenado inexorablemente al carpetazo porque desde el correspondiente juzgado de Caravaca de la Cruz no se practicó prueba alguna mientras estaba en plazo para investigar.

«Sensación de impunidad»

Ante esta situación, que fuentes de la Administración de Justicia de la Región consideran «inadmisible» y que entienden que «genera una lamentable sensación de impunidad», la Sala de Gobierno del TSJ acaba de decidir, por unanimidad de todos sus miembros, realizar lo que eufemísticamente denominan «visitas de información» a los cuatro órganos judiciales en los que se han producido estas incidencias. Se trata del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en el que se está investigando el ‘caso La Sal’; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, donde se llevaron las diligencias del frustrado ‘caso Pasarelas’; y los juzgados de Primeras Instancia e Instrucción números 2 y 3 de Caravaca de la Cruz, responsables, respectivamente, de las causas sobre el Teatro Auditorio de Cehegín y sobre la presunta emisión de informes jurídicos ‘a medida’, en lo que se conoció como el ‘caso Acal’.

El propósito declarado por el TSJ acerca de esas visitas es «recabar datos sobre el control que se realiza para el cumplimiento de los plazos máximos de instrucción, previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Medidas en vía gubernativa

El resultado de las inspecciones se expondrá en la próxima reunión de la Sala de Gobierno del TSJ, que previsiblemente tendrá lugar en julio. Se desconoce qué efectos pueden tener las conclusiones del informe que elaboren los responsables de realizar las visitas a los juzgados, aunque fuentes próximas al TSJ han confirmado que el presidente de este órgano, Miguel Pasqual del Riquelme, estuvo analizando con el resto de integrantes de la Sala de Gobierno las posibles actuaciones que se pueden adoptar en materia gubernativa. O lo que es lo mismo, unas posibles medidas que serían totalmente ajenas a la vía jurisdiccional -la del enjuiciamiento de cada causa particular-, en la que los magistrados están blindados y son por completo independientes y casi intocables en sus decisiones.

‘Caso la Sal’ Anuladas las pruebas obtenidas a partir del 7 de septiembre

Un policía judicial, en un registro en la desaladora. / antonio gil / agm

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia investiga desde el año 2016 una supuesta malversación multimillonaria, que podría ascender en el peor de los casos hasta los 600 millones de euros, en el proceso de adquisición de la desaladora de Escombreras por la Comunidad Autónoma. En estas diligencias, conocidas como el ‘caso La Sal’ y en la que se investigan presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y/o cohecho, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario, entre otros, aparece como principal encausado el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá. La superación de un plazo legal para investigar ha hecho que todas las diligencias practicadas a partir del pasado 7 de septiembre hayan sido anuladas, aunque la causa podrá llegar a juicio con las pruebas anteriores.

‘Caso Acal’ Supuestos informes hechos a medida por un despacho legal

Guardias civiles sacan documentos del Ayuntamiento de Caravaca. / efe

La investigación del llamado ‘caso Acal’ se inició en el año 2016, como una pieza separada del ‘caso Roblecillo’, con el fin de establecer si dos abogadas del despacho Asesores y Consultores de la Administración Local (ACAL) elaboraron informes jurídicos a medida a expedientes urbanísticos del Consistorio de Caravaca de la Cruz, con el fin de justificar a posteriori algunas decisiones que ya se habían adoptado sin respaldo legal. Las diligencias fueron asumidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz. La superación de un plazo máximo para instruir llevó a la Audiencia a anular el pasado abril la mayor parte de las pruebas, entre ellas las declaraciones de los principales sospechosos, como el exalcalde Domingo Aranda. El caso tuvo que ser archivado por completo.

‘Caso Pasarelas’ La Audiencia invalidó las diligencias y absolvió a Sánchez

Vista de una de las pasarelas reformadas. / paco alonso / agm

El pasado diciembre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial absolvió al expresidente murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez, y al arquitecto Martín Lejarraga, quienes se habían sentado en el banquillo para responder de presuntos delitos de prevaricación, falsedad y fraude en la contratación por el denominado ‘caso Pasarelas’. En estas diligencias, cuya investigación llevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, se trataba de probar una supuesta adjudicación ilegal de las obras de rehabilitación del entorno de la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras. La Audiencia consideró que se habían vulnerado los derechos de ambos acusados ya que, pese a que se había superado por dos días el plazo máximo para instruir, se siguió investigando el asunto.

‘Caso King kong’ Un procedimiento cuya muerte está ya más que anunciada

Aspecto del Teatro Auditorio, a medio construir. / vicente vicens / agm

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca asumió en 2017 una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior por unos hechos que se remontan a 2006, cuando el popular José Soria ejercía como alcalde de Cehegín. En aquellos días, la Consejería de Cultura otorgó al municipio una subvención de nueve millones de euros para levantar un gran Teatro Auditorio. Sin embargo, según la denuncia del Ministerio Público, la tramitación del expediente habría estado preñada de irregularidades desde el principio. Además, el centro se ha quedado a medio construir, en poco más que los cimientos, lo que ha llevado a los cehegineros a bautizar el inmueble como ‘La jaula de King Kong’. La superación del plazo legal, sin que se haya practicado diligencia alguna, ha condenado el asunto a una muerte cierta.

El alto tribunal quiere tener «todos los datos en la mano» antes de mover pieza

Ninguno de los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ignora, a estas alturas, los fallos, errores, despistes o como quiera llamárseles, que se han producido en varios juzgados y que han dado al traste con importantes investigaciones sobre corrupción en las instituciones. Pero la mayor parte de la información la tienen de fuentes indirectas, fundamentalmente de las noticias publicadas en los medios de comunicación, y de una breve exposición que este martes les hizo el presidente del TSJRM, Miguel Pasqual del Riquelme. Conscientes de que no todos los casos son idénticos y de que las circunstancias que han concurrido en cada juzgado son seguramente bien distintas, pues pueden ir desde un simple despiste -quizás provocado por un exceso de confianza- hasta la inacción más absoluta, quieren esperar a tener todos los elementos en sus manos antes de emitir cualquier juicio o proponer la adopción de alguna medida. De ahí que este martes se hayan inclinado por cursar una serie de «visitas de información» a los juzgados afectados por incumplimientos de plazos legales, lo que les servirá para conocer los argumentos y justificaciones de cada magistrado. Luego, ya sí, llegará el momento de tomar decisiones.

 

El Gobierno regional, premio ‘Atila’ “por su tibieza” al problema de contaminación de Sierra Minera

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/06/05/gobierno-regional-premio-atila-tibieza/1027974.html

Ecologistas en Acción distinguen a quienes han destacado por su contribución “a la destrucción” del medio ambiente de la Región

El Gobierno regional repite este año galardón, ‘Atila’, “al no mostrar voluntad de rectificación” y “por su tibieza y lentitud a la hora de poner solución” al problema de contaminación de Sierra Minera.

Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este miércoles 5 de junio, Ecologistas en Acción de la Región Murciana hace pública la concesión de los Premios ‘Atila’ para distinguir a quienes a lo largo de un año han destacado por su contribución “a la destrucción” del medio ambiente de la Región de Murcia.

De tal forma, Ecologistas en Acción concede los Premios ‘Atila Región Murciana 2019’ con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas ‘Atila’ y ‘Caballo de Atila’, aunque el alto número de candidaturas obliga al jurado todos los años a elegir algunos accésits.

El Gobierno regional, con especial mención a la Consejería de Salud y a las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor, y de Energía y Actividad Industrial y Minera, se hace este año con el premio ‘Atila’ “por su tibieza y lentitud la hora de analizar y poner solución a los graves problemas de contaminación por metales pesados en la Sierra Minera”, que además de al medio ambiente, afectan a la población, principalmente a la más vulnerable.

Mención especial “letra escarlata” para el consejero Salud, Manuel Villegas, “por frivolizar sobre el origen del plomo y arsénico presente en niños de la Sierra Minera, en un empeño de exonerar a los miles de toneladas de residuos tóxicos mineros almacenados a la intemperie con total impunidad, y pretender achacarlo a la plastilina y el té, y por realizar un estudio con graves indicios de parcialidad que propone que vivir en la Sierra Minera no aumenta el riesgo de tener metales pesados en el organismo, mientras la evidencia dice lo contrario”.

El premio ‘Caballo de Atila’, para Javier Celdrán, consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, y a Fernando López Miras, presidente del Gobierno regional “por su incapacidad de sacar adelante los numerosos Planes de Gestión de la Red Natura2000, Planes de Fauna y de Flora protegida, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales”.

Planes, denuncia Ecologistas, “que siguen sin aprobarse tras años de retrasos injustificados, a pesar de su necesidad, y de que en el caso de la Red Natura 2000 el retraso lleva sanción económica. Ni siquiera han aprobado el Plan de Gestión del Mar Menor, que por muy verde que se vuelva, ellos lo ven transparente y mejor que nunca.

Accésit para la Croem, Ballesta, UPA y CHS

Accésit ‘Dr. Maligno y su Miniyo’ a la patronal CROEM y al Gobierno regional “por su empeño en desmantelar las garantías ambientales que preservan el interés público frente la depredación del interés privado”, ya sea aprobando leyes que rebajan dichas garantías (como la Ley de Aceleración Empresarial) o bien “debilitando las estructuras de evaluación y control ambiental mediante organismos más fáciles de presionar por la patronal” (la famosa ARCA).

El Accésit ‘atrapado en el tiempo’ para el alcalde de Murcia, José F. Ballesta, “por pretender tirar balones fuera achacando los episodios de contaminación atmosférica y la activación del Protocolo por Contaminación del Aire a las condiciones meteorológicas, no queriendo reconocer que el origen real es el excesivo tráfico urbano, y que la única solución es reducir el número de vehículos motorizados de forma permanente”.

Mientras que el Accésit ‘Infierno Verde’, para el regadío intensivo industrial que lleva años arrasando diferentes zonas de la Región, en especial las llanuras litorales, y que ahora pretende expandirse por el Noroeste y el Altiplano.

Por transformar completamente sus paisajes en un desierto “verde lechuga”, al tiempo que contamina acuíferos, y degrada peligrosamente espacios de alto valor como el Mar Menor o la costa de Marina de Cope, cuyas aguas se vuelven “verde alga” debido al exceso de nutrientes, añade la organización.

El Accésit ‘Conan el Deltractor’ a la persona, o personas, que arrancaron dos veces toda la vegetación de dunas protegida presente en playas de Calnegre, arando con un tractor, además de eliminar algunos bolardos y paneles informativos, creyendo que eliminando la vegetación les iban a dejar aparcar sus coches los domingos en la “mismica orilla de la playa” o que se iba a desproteger el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

Y el Accésit ‘El Señor de los Humillos’ para Antonio Moreno, secretario general de UPA en la Vega Alta, “por su empeño en que se perpetúe la mala práctica de las quemas de alpacas de paja y otros combustibles como ineficaz método antiheladas, que además de estar prohibido, causa problemas respiratorios en las poblaciones de la vega alta, que quedan sumidas en una niebla irrespirable durante horas”.

A lo que se añade Accésit ‘No me chilles que no te veo’, para la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), “por que no parece que con la graduación actual consigan enfocar bien el mapa de los regadíos ilegales en la Cuenca del Segura, y siempre les salen muchas menos hectáreas de las que se denuncian por diferentes colectivos”.

El jurado expresó su esperanza en que la concesión de estos premios “llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta, y les lleve a cambiar su actitud, trabajando en defensa del medio ambiente del que dependemos todas las personas”.

Máxime, concluyen, “en estos tiempos en que la emergencia climática exige cambios reales para preservar el planeta y que sea habitable para las siguientes generaciones”.

 

El cierre ferroviario de Calasparra: un desprecio al noroeste murciano

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/estacion-Calasparra-desprecio-noroeste-Murcia_0_886811608.html

Más de 112.000 personas del Noroeste – Río Mula, La Puebla, Huéscar, Santiago-Pontones y núcleos manchegos como Férez, Letur, Socovos y Nerpio han quedado sin acceso al ferrocarril

El previsto cierre de la estación de Calasparra se solapa con unas difíciles comunicaciones por carretera de algunas de esas localidades

Diego Jiménez

La estación de ferrocarril de Calasparra

“Me dijo que, antes de venir hacia Caravaca, consultó por Internet cómo llegar hasta aquí, y se quedó sorprendido de que, para ello, tenía que hacerlo desde Murcia”. Este dato, referido a la pasada presencia del economista Eduardo Garzón en la localidad, lo ha aportado Juani Marín, arqueóloga y librera caravaqueña, concejala de Ganar Caravaca y candidata al Congreso en las listas de Unidas Podemos, e ilustra muy a las claras la situación de aislamiento ferroviario  que, de consolidarse el anunciado cierre de la estación de Calasparra, van a soportar más de 112.000 vecinos de las comarcas murcianas del Noroeste-Río Mula, de las granadinas Puebla de Don Fadrique-Huéscar, y las localidades vecinas albaceteñas de Nerpio, Socovos, Férez y Letur.

Pepe Ortega, que fue durante doce años concejal de IU en Bullas y actualmente reside en Cehegín, lo tiene claro: opina que el cierre, hace más de cuarenta años, de la línea férrea Murcia-Caravaca, por su baja rentabilidad y por motivos políticos, “contribuyó a la incomunicación de esta comarca del Noroeste, hoy compensada en parte por la apertura de la autovía, lo que puede agravarse si se consolida el cierre de la estación de Calasparra”.

Y es que parece fuera de toda duda que, si quienes gobiernan se atuvieran al interés general, no darían lugar a que a las difíciles comunicaciones por carretera que soportan muchos núcleos rurales de estos municipios se una ahora el hecho de un aislamiento ferroviario que no va a hacer sino consolidar el preocupante despoblamiento actual. Si ese interés general presidiera sus actuaciones, y no miraran tanto a su bolsillo y al de los constructores, unirían esfuerzos para el establecimiento de una mancomunidad de servicios entre comarcas y provincias vecinas afectadas por ese despoblamiento que, al tiempo que haría más rentable la prestación de esos servicios de transporte, contribuiría a vertebrar el territorio, asentar población y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Según Angelita Trujillo, maestra jubilada y exdirectora de un colegio de la localidad, el previsto cierre de la estación de Calasparra obedece a que los políticos “han volcado los esfuerzos en la línea de alta velocidad y han situado el AVE, el aeropuerto y el agua en el centro de la propaganda política”. Trujillo recuerda que la elección de Calasparra para construir allí una estación se debió a que el pueblo fue históricamente un punto de confluencia de rutas que procedían incluso de la comarca de los Vélez, rutas que atravesaban terrenos blandos aptos para la construcción de veredas y caminos.

El historiador local José Juan Moya señala que la estación de ferrocarril le dio mucha prosperidad al pueblo, tradicionalmente rico en recursos naturales. Un indicador fue el número de mesones, que era de cuatro, en relación con Cieza, que ofrecía dos. La estación, además, estuvo ligada al transporte de mineral de hierro que se extraía de las minas de Gilico, ubicadas en el término municipal de Cehegín, y desde las que un sistema de vagonetas aéreas transportaba el mineral hasta el ferrocarril. “Fue bastante utilizada para viajes hacia Hellín, Albacete y Madrid, incluso por viajeros provenientes de los pueblos limítrofes de la Sierra de Albacete y de lugares de la provincia de Granada”, afirma el historiador.

Por su parte, José Luis Vergara Giménez, concejal de CCCI (Concejales Centristas Ciezanos) y miembro de la comisión regional “Más tren por Camarillas”, de la que fue portavoz e impulsor el fallecido José Antonio Pujante, recuerda que “siempre hemos apostado por no abandonar del todo la conexión Cieza-Calasparra”, pues, a su juicio “debe continuarse hasta un punto intermedio o cercano a las localidades de Caravaca y Cehegín para dotarlas de un servicio de lanzadera para larga distancia, a través de la estación de Cieza, con horario compatible con los trenes más rápidos convencionales (Alvia) y de cercanías, con horario útil universitario”.

La extensión del ramal hacia Calasparra con, al menos, otra población del Noroeste murciano la considera Vergara “de gran interés” para la vertebración de las cercanías regionales. Junto con estas actuaciones, opina que, además, la estación ciezana está llamada a ser la que conecte la zona noroeste de la Región con Castilla-La Mancha y Madrid, para lo que postula que “todos los trenes Altaria, excepto el que se detiene en muchas estaciones, deben ser sustituidos por los Alvia de altas prestaciones”.

Y es que, en efecto, del análisis de José L. Vergara se desprende que es bastante evidente que la Región de Murcia tiene pendiente un debate sobre la articulación territorial mediante el ferrocarril para trenes de media y larga distancia: es urgente plantear la conexión con Andalucía, que nunca debió perderse; hay que lograr el desdoblamiento y electrificación de la línea Cartagena-Chinchilla; hay que apostar claramente por una red de cercanías digna hacia Lorca-Águilas, Cartagena y Cieza con líneas electrificadas; hay que estudiar la conexión ferroviaria del Altiplano con la línea Cartagena-Chinchilla; o sería preciso prolongar la línea del FEVE Cartagena-Los Nietos hasta Cabo de Palos y San Pedro del Pinatar…

Parece claro que una adecuada y moderna red de servicios de trenes de cercanías contribuiría a una auténtica vertebración regional y a alejar al coche privado de las saturadas carreteras y autovías. Por eso Vergara opina que, constatado el abandono del ferrocarril convencional, “hay tanto por hacer en cuanto a diseño del ferrocarril, vía única, no electrificación, escasez y obsolescencia de cercanías, que la situación es al mismo tiempo un gran problema y una oportunidad”.

La Región está a la cola en muchos de los parámetros que miden su desarrollo socieconómico; también en la conciencia social y en la capacidad de respuesta a su variada problemática. Por eso, a la hora de valorar las soluciones a este tema puntual de la incomunicación ferroviaria y el despoblamiento gradual del hábitat rural, Angelita Trujillo ve necesaria la movilización de las personas afectadas para reclamar compensaciones y la redacción de un plan a corto, medio y largo plazo mediante un proceso participativo. “Es preciso elaborar un documento completo para hacernos presentes en la comarca, en la Región, en el Estado y en Europa”, afirma. Mientras tanto, propone mantener toda la infraestructura actual hasta encontrar una fórmula adecuada que “no pasa por las vías verdes ni por ser el lugar en que el turista descansa su cuerpo y alma [sic] porque está menos contaminado”, enfatiza. Por ello, plantea mantener cuidada e intacta la instalación ferroviaria actual de su pueblo, “sin prisa pero sin pausa”, convencida de que “con la participación de todas las personas podemos encontrar mejores alternativas y soluciones”. En este sentido, opina que la situación que plantea el cierre de la estación calasparreña no puede desligarse del necesario debate para tender hacia un modelo poblacional y urbanístico que evite dos cosas: el despoblamiento y la superpoblación. A este respecto,  Trujillo concluye y reivindica la búsqueda de soluciones a la emigración del campo a la ciudad “por la gran cantidad de conflictos socioeconómicos que ello comporta”.

Parece fuera de toda duda que el previsto cierre de la estación de Calasparra no es sino el paradigma del desprecio y abandono que los gestores públicos han condenado al ferrocarril. Y así nos va.

 

El reto hercúleo de frenar al desierto

https://elpais.com/sociedad/2019/02/28/actualidad/1551393759_325194.html

Emprendedores de Almería, Granada y Murcia se alían para restaurar el paisaje durante dos décadas con donaciones de inversores y grandes fortunas extranjeras

Javier Martín-Arroyo

Vélez-Blanco

El avance del desierto es silencioso. Sin apenas testigos, la erosión del suelo en España se come cada año más cultivos y bosques. En las zonas más castigadas, la población huye del campo a la ciudad en busca de futuro y oportunidades. Sin embargo, en uno de los extremos más áridos de Europa —el sudeste interior que comparten Almería, Granada y Murcia— ha surgido un movimiento para revertir esta creciente devastación de la biodiversidad. El territorio es inmenso y abarca un millón de hectáreas (equivalente a la superficie de Asturias) repartidas en cinco comarcas.

Esta titánica tarea de agricultores y emprendedores del altiplano nació hace un lustro y tiene por delante al menos otros 15 años. Se trata de impedir ser deglutidos por el desierto, caer víctimas de la despoblación y tornar su paisaje al verde. Su mejor arma: el desarrollo de negocios gracias a fondos de inversores extranjeros y filántropos para fomentar principalmente la agricultura regenerativa, que mima el suelo y multiplica su microbiología y riqueza. Y una bala en la recámara: esa inversión, hoy de 1,3 millones anuales, perdurará al menos hasta 2035, porque el suelo y repintar una postal precisan tiempo.

“Necesitábamos Alvelal [la asociación que aglutina a los emprendedores], esto sí que es agua de mayo”, dice sonriente la ambientóloga Belén Sánchez al pie de La Muela, la emblemática montaña de Vélez Blanco (Almería) en cuya falda acaban de repoblar 50.000 encinas, sabina mora y pino carrasco. Desde Nairobi (Kenia), Tim Christophersen, jefe de la subdivisión de Agua Dulce, Tierra y Clima de ONU Medio Ambiente, exalta: “Este proyecto en España tendrá un impacto masivo que podría incluso alterar el clima local con más agua en el suelo y más evapotranspiración [desde los árboles]”.

A finales de 2014 la ONG holandesa Commonland buscaba una zona en España donde reproducir su modelo de éxito que ya había implementado en Sudáfrica y luego trasladó a Australia. Tras recibir 21 proyectos de transformación ecológica y quedar cuatro finalistas (Valencia, Soria, Doñana y Almería), esta última se llevó el gato al agua. La conservacionista Astrid Vargas, conocida por establecer el programa de cría para la conservación del lince ibérico, hizo la criba para la ONG junto al histórico ecologista andaluz Paco Casero hasta optar por el altiplano almeriense. El movimiento social, que ya había prendido antes en esa provincia andaluza dada la gravedad de la erosión y la despoblación, decantó la balanza. “Había gas y Commonland encendió la llama”, ilustra la ambientóloga Dolores Masegosa.

“Nos fijamos en España porque el Mediterráneo está muy degradado y ya en 2009 los informes de Naciones Unidas alertaban del avance de la deforestación. Buscamos un área como el altiplano, que la gente quisiera transformar y ahora tenemos la mayor restauración del paisaje de Europa”, ensalza Willem Ferwerda, responsable de Commonland. Christophersen ratifica que es el proyecto de mayor extensión en el Viejo Continente, superficie restaurada que China y Etiopía multiplican por mucho. Vargas ilustra sobre los primeros pasos: “Se trataba de empoderar a la gente del campo para que tomase las riendas de su propio destino en una zona degradada y desfavorecida socioeconómicamente”.

Estos visionarios del altiplano andaluz y murciano buscan replicar —en el norte y a pequeña escala— La Gran Muralla Verde africana que a lo largo de 5.400 kilómetros y desde hace una década intenta frenar la desertificación desde el Sáhara con un gran bosque de 15 kilómetros de ancho y proyectos de desarrollo rural en el Sahel.

A escasos kilómetros del desierto de Los Colorados y junto al Geoparque del Cuaternario de Granada, los hermanos Francisco y Álvaro Martínez desafían las condiciones extremas con su plantación de hortalizas, almendros y olivos, entre los que hay aromáticas plantadas. “Este es un desierto estepario, con mala leche. Aquí hiela todas las noches y en el suelo hemos medido 80 grados y 30 bajo cero, ese es nuestro lugar de trabajo. Por si fuera poco, después de 20 centímetros ya tenemos roca caliza”, describe Francisco, ingeniero agrónomo.

Campos de almendros en la provincia de Granada. P. P.

Para aportar nitrógeno al suelo han plantado gramíneas y leguminosas como cubierta vegetal, perfeccionada durante los últimos siete años para poder prescindir del plástico. En 1998 los hermanos abrazaron la agricultura ecológica y hace una década dieron un paso más hacia la agricultura regenerativa, que se preocupa por la salud del suelo y reduce al mínimo el arado. “Se trata de volver a antes de la revolución industrial en el campo. Mi abuelo y mi padre tenían DDT [pesticida tóxico hoy prohibido] para competir con la naturaleza. No somos tan listos, hace cien años lo hacía todo el mundo”, opina.

Andalucía y Cataluña encabezan la lista de regiones con mayor erosión anual, y la quinta parte de su suelo sufre procesos erosivos altos, con una pérdida superior a 25 toneladas de tierra por hectárea y año, según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos de 2017. “Ese suelo que perdemos hoy no es renovable”, alerta Emilio González, experto de la Universidad de Córdoba. La estampa más habitual en el altiplano almeriense y granadino está preñada de miles de almendros, —cuyo fruto vive un auge económico— pero el suelo es cada día más pobre y padece más arrugas profundas, provocadas por las escorrentías de las lluvias torrenciales.

El contenido de materia orgánica en los suelos agrícolas del altiplano oscila entre el 0,38% y el 1,5%, por lo que muchos de ellos no alcanzan la tasa de materia orgánica habitual para el secano, del 1,5%, según datos de la Universidad de Almería. “Estos suelos pierden una media de 1,8 milímetros de espesor al año de la capa más superficial, la más fértil, lo que supone 20 toneladas de tierra por hectárea”, revela Miguel Ángel Gómez, investigador de dicha universidad. En los últimos años las precipitaciones han sido escasas, entre 200 y 400 mm al año.

Al margen de repoblaciones como los 50.000 árboles de La Muela, la particularidad de este cambio de paisaje es su visión holística, que entrelaza los factores en juego: la erosión del suelo, la agricultura regenerativa, la ganadería ecológica, el uso del agua y la despoblación ante la falta de incentivos económicos. Por eso, para atajar que el paisaje se desnude, la inversión se centra en los casos de negocio. Es decir, el dinero se invierte en firmas locales que demuestran que el desarrollo sostenible es el único camino posible. Y la rentabilidad económica es uno de los pegamentos para intentar retener a la población al territorio. Porque llegan nuevos árboles pero se marchan las personas. Vélez-Blanco tenía 7.000 habitantes en 1950; hoy no supera los 2.000 vecinos. La comarca de los Vélez tiene cuatro habitantes por kilómetros cuadrado, una densidad poblacional menor que la de Laponia.

Hoy, en la tierra con la mayor superficie de almendro ecológico del mundo —50.000 hectáreas, como la ciudad de Madrid—, 250 emprendedores, investigadores y espíritus inquietos forman la asociación Alvelal, que recibe los fondos de Commonland y otras entidades como las fundaciones TUI y Leopold Bachmann para desarrollar negocios alternativos y sostenibles, pero sin apenas números rojos. La agricultura regenerativa abarca 8.000 hectáreas y 40 fincas con cultivos leñosos del millón de hectáreas totales, superficie que Alvelal espera duplicar en dos años. “No vas a convencer a un agricultor de que cambie sus cultivos si no son rentables”, expone Elvira Marín, coordinadora de Alvelal. “La agricultura regenerativa en almendros aumenta su valor ecológico para los servicios ecosistémicos entre un 17 y un 28% solo después de un año”, ensalza Vincent De Leijster, investigador de la Universidad de Utrecht (Holanda).

Un rebaño de ovejas segureñas pastando, vista desde el cielo. P. P.

El primer negocio ya floreció: la firma Almendrehesa vende su marca Pepita de Oro al mercado de Reino Unido y Alemania. Si la almendra convencional se paga a 4,5 euros el kilo, la ecológica sube a 6,5 euros y Almendrehesa abona a sus productores 7,5 euros el kilo a cambio de los frutos secos más pintones. A punto de brotar están también firmas que comercializarán un aceite de olivos centenarios, aceites esenciales de plantas aromáticas, y vino, miel, cerveza y cordero ecológico. “Alvelal quiere levantar empresas con argumentos sólidos y criterios medioambientales”, resume su presidente, Cristóbal Aránega, empresario de fertilizantes ecológicos con 45 empleados. El agricultor Álvaro Martínez añade: “Con Alvelal sabes que existe más gente, estás arropado”.

A su finca familiar de Murcia regresó Alfonso Chico de Guzmán después de estudiar Administración de Empresas para “experimentar” con cereales, almendros, pistachos y aromáticas. “La agricultura regenerativa ha sido como tener una fábrica de zapatos de 60 años y cambiar de fábrica y de zapatos. Pero era eso o cerrar la fábrica. Y hoy somos 15 personas, cubrimos gastos y con perspectivas de crecer”, relata Chico de Guzmán. El agricultor acoge en su finca La Junquera —de nada menos que 1.000 hectáreas— un campamento de restauración de paisajes al que acuden voluntarios de todo el mundo y una denominada Academia Regenerativa que acoge estudiantes —todos extranjeros hasta ahora— para realizar sus tesis de investigación ligadas a la agricultura. “El paisaje está bastante destrozado pero la gente tiene mucha energía. Si les das un empujoncito llegarán lejos, como un árbol en el desierto necesitado de abono”, resume.

El principal motor económico, con sede en Ámsterdam

El principal motor económico que propicia esta restauración del paisaje tiene sede en Ámsterdam. Después de 17 años al frente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Holanda, Willem Ferwerda fundó Commonland, organización que cada año capta 5,2 millones para invertir en proyectos medioambientales de 11 países. Ferwerda es un zahorí que rastrea el mundo en busca de filántropos, inversores, Gobiernos y compañías para que inviertan en proyectos con conciencia ecológica. “Lleva tiempo y hay que tener paciencia, pero los filántropos, inversores y viejos empresarios acaban más convencidos (…) Porque está Wall Street y luego está el slow capital”, apunta.

¿Por qué la restauración de paisajes se fija en 20 años de plazo? “Como ecólogo prefiero 30 ó 50 años, pero un inversor o un fondo de inversiones no pueden pensar más allá de 20 años. Es igual que con las inversiones en autopistas, el tope son 20 años”, dice. “A veces vienen empresarios a mí para invertir en proyectos aislados, pero así no funciona el paisaje”, matiza.

La restauración de paisajes, objetivo principal de Commonland, es una ambición que comparten Gobiernos de todo el mundo. Naciones Unidas trazó en 2014 el ambicioso objetivo de recuperar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas (el tamaño de India) para 2030, una inversión que ha cifrado en 730.000 millones de euros. El mal dato es que 2.000 millones de hectáreas están hoy degradadas, [dos veces el tamaño de China] según el Instituto de Recursos Mundiales. Para paliarlo, la Asamblea General de la ONU aprobó la semana pasada la “Década para la Restauración de Ecosistemas” para movilizar “apoyo político y financiero” que impulsen el bienestar de 3.200 millones de personas entre 2021 y 2030.

“Liberar fondos privados es esencial, ya que el dinero de los Gobiernos no será suficiente para la restauración global de ecosistemas. Animamos a Commonland a compartir su experiencia con otras organizaciones para replicar el sistema de éxito cientos de veces en otros países”, espolea Tim Christophersen, jefe de la subdivisión de Agua Dulce, Tierra y Clima de ONU Medio Ambiente.

La FAO (Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) alertó en un informe la semana pasada sobre la pérdida de la biodiversidad en todo el mundo y cómo esta merma amenaza la seguridad alimentaria, con datos de 91 países. Justo el ángulo que ataca Alvelal. “Cuanto más araba la tierra, más plaga había. Cuando dejamos de fumigar, se acabaron las plagas”, explica Miguel Ángel Martínez en su finca de Venta Quemada (Granada).

Para Greenpeace, la restauración del sudeste interior, que abarca 76 municipios, es un ejemplo a seguir. “Lo tocan todo de manera transversal para afrontar retos como el cambio climático, la aniquilación masiva de insectos, y el uso del agua y el suelo”, opina Luis Ferreirín, responsable de agricultura de la organización en España. La Comisión Europea discute ahora la nueva Política Agraria Común (PAC) para 2021-2027, que debería responder al reto de producir alimentos de forma sostenible, recuerda esta ONG. Sin embargo, de momento la nueva PAC carece de visión holística y se limita a apoyar “mejores prácticas agrarias beneficiosas para el clima, incluyendo prácticas agroecológicas”, señalan fuentes comunitarias. Alvelal pidió al Ministerio de Agricultura que España fuera un paso más allá de la agricultura ecológica —que ya lidera— y capitaneara en Europa la certificación de productos procedentes de la agricultura regenerativa. Fuentes del ministerio responden que hoy por hoy “no contemplan” dicha certificación.

“Se puede pensar que hemos descubierto Marte con la agricultura regenerativa, pero antes los agricultores tenían conciencia, eran sabios y aprendían unos de otros. Y eso es lo que nosotros hacemos, recuperar técnicas antiguas que damos a conocer”, dice la enóloga Juana Reche.

¿Amenazas para el proyecto del altiplano? La sobrexplotación de los acuíferos ha tomado fuerza en la zona con plantaciones intensivas de lechugas, verduras que necesitan un riego abundante en la zona donde menos llueve del país. Y las macrogranjas de cerdos intentan expandir su modelo de engorde en diferentes pueblos, aunque algunos Ayuntamientos ya han firmado vetos municipales que las prohíben por la contaminación que acarrean. “El modelo de desarrollo sostenible excluye las granjas con miles de cerdos porque es incompatible con el turismo y el consumo racional del agua. No queremos ser el estercolero de España para esparcir los purines [muy contaminantes, controlados por ley] por el territorio”, opina Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada). La colaboración de los Ayuntamientos y Gobiernos regionales (andaluz y murciano) a menudo facilita los proyectos de Alvelal, pero sin aportar fondos.

Otro peligro atenaza el futuro de la asociación, este mucho más sutil. “Hoy hay una estructura porque hay dinero. Si no reina el compromiso, decaerá cuando ya no haya dinero”, alerta Paco Casero. “Alvelal debe estar implicada en el territorio, porque de otra manera no se crea la base social que necesita el compromiso del día a día. Y una experiencia como esta no puede ser un fracaso, por eso las cosas tienen que ser muy claras”. Esta primavera parte de la directiva de la asociación, incluido su presidente, dimitirá para propiciar el relevo en la cúpula.

“¿Quiénes somos? No somos un sindicato, ni un movimiento ecologista, ni los de la tractorada, ni los de la defensa del agua, ni los del antiporcino. Nuestra herramienta son los casos de negocio (…) Costó trabajo definirnos”, concluye con ironía Aránega.

Otros ángulos verdes

“Veía a mi hija pedir permiso a los árboles cada vez que les cogía un fruto. Y al mismo tiempo estaba harta de ver que la conciencia ecológica no calaba en la gente”. A la ambientóloga Dolores Masigosa se le encendió la bombilla al concluir que la clave estaba en inculcar el amor por el territorio desde la infancia y hoy pilota un proyecto para que los niños sientan la tierra como suya.

“Está comprobado que de los tres a los 16 años, según las experiencias vividas, así te relacionarás con el medio. Debido a la capacidad de asombro y de maravillarse que tiene un niño, se puede generar un vínculo con la naturaleza. Y ese sentimiento de unión a la naturaleza es lo que genera el vínculo emocional y que de forma innata salga en ti el respeto al medio ambiente”, incide Masigosa. El proyecto sacará a los escolares de las aulas para “tocar y sentir” la naturaleza, una idea que prevé llegar a 33.000 alumnos y 3.000 profesores el próximo lustro gracias a Alvelal y las fundaciones Savia y Leopold Bachmann.

Para cerrar el círculo holístico de la diversidad de cultivos es necesario el pastoreo extensivo. La ganadera ecológica Santiaga Sánchez tiene un millar de ovejas y comercializa el cordero segureño ecológico, un 25% más caro que el convencional. “Aparte de las ventajas medioambientales, a los clientes que me visitan les explico que comen carne libre de hormonas, de transgénicos y de antibióticos. Les hablo clarito”, señala.

Sánchez admite la dificultad de transmitir las ventajas de la carne ecológica al consumidor y los problemas de distribución que encuentran los ganaderos. Sin embargo, cuando capta un cliente, lo fideliza a través de la mensajería por correo, que le permite servir a Galicia en paquetes refrigerados y en menos de 24 horas atravesando el país.

Alvelal quiere sacar partido al millón de turistas que cada año visita la costa entre Benidorm y Marbella, para ofrecerles una visita al interior del país a través de la gastronomía. Hasta ahora los visitantes apenas hacían breves incursiones para visitar cuevas como la de Los Letreros, con pinturas rupestres como la figura del índalo, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Pero ahora han firmado un acuerdo con la Fundación TUI [primer operador de turismo] para multiplicar las visitas al interior. “Es un proyecto que entra más por la cabeza, el corazón y el estómago. Se trata de atraer el segmento de turistas que quiere conocer la España real e interactuar con la población local, no al que está en la hamaca vuelta y vuelta como una sardina”, dice con sorna el alemán Dietmar Roth.

Entre estas posibles visitas está el proyecto de una plantación de aromáticas (tomillo, romero, lavanda, melíferas y uña de gato) que se ha plantado a la falda de la montaña de La Muela y que estará listo el próximo año. En la corriente del land art que utiliza a la naturaleza como material, las aromáticas formarán una gigantesca figura del índalo que será visible desde otras montañas con tonos verdes, blancos y morados que cambiarán a lo largo del año. “Un proyecto de impacto paisajístico que gestionarán personas con discapacidad”, explica la ambientóloga Belén Sánchez.

Roth subraya un aspecto que apela sin medias tintas al arraigo de los vecinos al territorio: “Buscamos hacerle ver a la gente que su territorio no es un secarral que no vale para nada. Hablamos de la autoestima”, incide. A su lado, Ángel Hernández añade: “La autoestima nos la quitaron nuestras propias familias”. A principios de abril Alvelal organiza unas jornadas sobre el valor y el orgullo rural.

Al respecto, el empresario Manuel Martínez ejemplifica: “En una cata mi vino nunca gana y nadie lo quiere. Sin embargo, si es a ciegas siempre gana”. Y añade: “Tenemos una fuerza terrible como consumidores. Hay que hablar con los amigos y comunicar la magia del producto. En mi pueblo antes no había ni una tienda con productos ecológicos, ahora sí. ¿Sabes cuántos de los 80 socios viticultores pedimos vino de la tierra en los restaurantes? Solo yo”.

EL SILENCIO DE OTROS

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documaster/documaster-silencio-otros/5120098/

El silencio de otros es un documental español de 2018, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, que retrata la lucha silenciada de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco. Desde su estreno, ha sido nominada y ha recibido premios en certámenes de cine nacionales e internacionales,1​ y en febrero de 2019, consiguió el Premio Goya a la mejor película documental.2

La película, filmada a lo largo de seis años, acompaña a víctimas y supervivientes del régimen franquista involucrados en la denominada “Querella Argentina” que se puso en marcha el 14 de abril de 2010 ante los tribunales de justicia de Argentina. El objetivo de esta acción legal era conseguir que se investigaran los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identificara a sus responsables y se los sancionara penalmente.34

Amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, las víctimas del franquismo presentamos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, la Querella 4591/2010, nominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas”.5

La película busca a víctimas supervivientes del régimen franquista. Según el crítico Carlos Boyero, se trata de una actual historia de la infamia, y celebra que tantas víctimas narren delante de la cámara el sufrimiento y las torturas a las que fueron sometidas y que ello pueda servir para conseguir justicia.6

La directora y el director entrevistan a personas que no han podido localizar a sus difuntos asesinados, deseando darles sepultura; también a mujeres cuyos hijos recién nacidos les fueron arrebatados, para terminar con aquellos que protestaban ante la dictadura y fueron torturados. En todos los casos se ponen nombres, rostros y lágrimas a todas estas personas.7

El documental, producido en asociación con El Deseo de Agustín y Pedro Almodóvar, cuenta la búsqueda estas miles de personas desaparecidas durante la época de Franco y la lucha contra el olvido de quienes todavía siguen reclamando justicia para sus familiares.3