El proyecto privatizador del PP tropieza con los tribunales y las protestas tras 10 meses de conflicto

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El Gobierno de Ignacio González sufre un golpe a sus planes privatizadores en la calle y en los tribunales.

Diego Sanz Paratcha . Redacción –  – 5/09/13 · 20:04  – Edición impresa

marea_blanca_2_alvaro_minguito_0El Gobierno de la Comunidad de Madrid supera la mitad de su legislatura con dos de sus proyectos estrella en vilo. Tras el fracaso de Madrid 2020, uno de ellos es el proyecto de Eurovegas: desde que la agencia Bloomberg difundiera que el millonario Adelson se planteaba instalar casinos en la olímpica Tokio, las dudas sobre el emplazamiento del megaproyecto se alimentan cada día con nuevas noticias.

Y el otro es la privatización de la atención médica de seis hospitales que ya habían sido adjudicados en agosto a inversores internacionales: los grupos Ribera, Hima San Pablo y Bupa Sanitas han tenido que dar marcha atrás a todo el proceso de traspaso de gestión que implicaba a cerca de 5.200 trabajadores y afectaba a una población de más de 1.100.000 personas. Dos sentencias judiciales, una del Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo y otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, les obligaba a hacerlo al paralizar el proceso por las dudas sobre el procedimiento de concurso. El llamado Plan de Sostenibilidad del Sector Sanitario aprobado por el Gobierno de Ignacio González (PP) recibía así su segundo mayor golpe judicial: el Constitucional había ratificado en junio la paralización del copago sanitario de un euro por receta, y a instancias del propio Gobierno de Mariano Rajoy. Un desastre.

El Gobierno autonómico “necesita bazas y tenía dos entre manos”. Sin Eurovegas y con el plan para poner en manos de multinacionales privadas los hospitales de Sureste-Arganda, Henares-Coslada, Tajo-Aranjuez, Sur-Parla, Norte-SS de los Reyes y Vallecas , “el revolcón para los liberales madrileños que se aposentan en el Gobierno autonómico es de campeonato”. La frase es de José Antonio Zarzalejos, exdirector del diario Abc. Una opinión que comparte la diputada autonómica de Izquierda Unida, Tania Sánchez Melero: “El PP se ha quedado sin proyecto político en Madrid. Su mayor anuncio para el nuevo curso es que van a hacer una comisión conjunta con catedráticos”, opina para este periódico.

Marea blanca

“Soy enfermera ocho horas y usuaria las 24 horas”, declaraba una manifestante frente a la Asamblea de Madrid en un vídeo publicado en la web de DIAGONAL. La preocupación por no mostrar una cara pública corporativista ha sido repetida también por portavoces de las distintas asociaciones y colegios profesionales, sindicatos médicos, de enfermería o sindicatos de clase implicados de alguna manera en la llamada Marea Blanca, el movimiento que ha conseguido congelar parte de la estrategia privatizadora del PP en la sanidad tras diez meses de conflicto.

En ese espacio, la marea ha puesto en práctica todos los tipos de lucha imaginables en una estrategia no violenta, cuyo carácter no corporativo quedó más patente en la consulta ciudadana sobre la privatización celebrada del 5 al 10 de mayo. El referéndum implicó la organización de miles de personas voluntarias en sus más de 1.800 mesas, muchas de ellas no empleadas en el sector o no afectadas directamente por el plan de Lasquetty. El resultado: más de 929.000 votos contra la privatización (el 99,3% del total) y el desprecio del consejero Lasquetty, que los calificó de “parodia”.

“Los profesionales nos sentimos incapaces de sentarnos a la misma mesa que un señor que nos ha despreciado tantas veces”, cuenta Paloma Alonso, una de las portavoces de la asociación médica Afem, en conversación telefónica con DIAGONAL. Se trata de un motivo emocional y de talante, pero la asociación que interpuso las dos demandas que han provocado el pronunciamiento del TSJM y el juzgado número 4 –los tribunales dirimen ahora mismo un total de 14– tiene un motivo de más peso para exigir la dimisión del consejero: “Lasquetty ha llegado a alardear de que no tenía un plan B en caso de que no saliera adelante la privatización”, recuerda Alonso.

Madrid se ahorrará unos 98,5 millones de euros anuales si no se hace el traspaso de los seis hospitales

Y a fecha del cierre de este número, a menos de un mes de que la Asamblea de Madrid comience a discutir los presupuestos de 2014, no ha anunciado ningún tipo de cambio de plan. Pero ya nadie espera que, salvo imprevistos, el conflicto judicial se prolongue menos de un año, o incluso dos, ya en plena campaña de las municipales y autonómicas de 2015. El diario El País, primero, y la oposición del PSOE, después, resaltaron un detalle de las cuentas de 2013 que sí ofrece algo parecido a un “plan b”: en los presupuestos para 2013 el Ejecutivo regional esconde una dotación en el apartado de “gastos inaplazables, imprevistos e insuficiencias”, dotado con 53 millones de euros.

Según la argumentación del PSOE, la reserva contrastaba con la rebaja de un 17% en los fondos para los seis hospitales prevista en esos mismos presupuestos: los centros PFI (iniciativa de financiación privada) que iban a pasar ya totalmente a manos privadas a partir de octubre de 2013 reciben, según el documento, 81 millones de euros menos que en 2012 “para dar la impresión de que la privatización ahorraba”. El conjunto de asociaciones contrarias al plan de sostenibilidad de Lasquetty coincide en que el Gobier­no autonómico no ha presentado ninguna cifra –ni desglosada ni de ningún tipo– sobre el supuesto ahorro a largo plazo de la privatización.

De hecho, lo más parecido han sido las declaraciones del presidente Ignacio González después de conocerse la sentencia del TSJM del 11 de septiembre. Según González, el retraso en el traspaso a las concesionarias que provocaba la paralización judicial va a obligar a su Ejecutivo a realizar recortes para paliar un desequilibrio presupuestario de 170 millones de euros. Algo que, en opinión de Sánchez Melero, no se va a plantear en realidad: “No se van a meter ahora a hacer ningún cambio”, asegura, si bien en el medio plazo ve posible que el PP retome su plan, esta vez en la atención primaria.

Para Patricia Alonso, “el hecho de no privatizar nos permite de hecho tener presupuestos más amplios”. La comparativa entre el presupuesto de 2012 para los seis hospitales y los pagos comprometidos a las compañías licitadoras en las Resoluciones de adjudicación muestra una diferencia de 98,5 millones de euros anuales: en total, la población de Madrid se ahorraría con la paralización 985 millones de euros durante los diez años de vigencia previstos en los contratos, según los propios datos incluidos en la memoria económica del concurso.

Diez días después del golpe del TSJM, el ambiente en la undécima manifestación por el centro de Madrid convocada de la Mesa por la Sanidad Pública era de euforia, sentimiento que no es compartido por todos los colectivos. Antonio Gómez Liébana, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid), relativizaba el alcance de la sentencia: “Nos permite ganar tiempo”, afirma, pero recuerda que la imagen general de la sanidad pública en Madrid y en todo el Estado no da para muchas alegrías. “Se debe recordar que todos los hospitales abiertos por la Comunidad de Madrid a partir de 2004 están en manos de empresas privadas”, matiza. Incluidos los seis hospitales construidos bajo el modelo PFI y afectados por el plan de saneamiento de Lasquetty, que “sólo” privatizaba la única área que quedaba bajo gestión directa del Servicio Madrileño de Salud: la atención sanitaria.

El conflicto judicial: un verano de sentencias

10-24J: freno y reactivación

El Tribunal Superior de Justicia paraliza, provisionalmente, la privatización de los hospitales por cambios en los pliegos fuera de plazo. Dos semanas después, el tribunal revoca la paralización.

La justicia pone el freno

El 3 de septiembre, el Contencioso Administrativo nº4 de Madrid vuelve a paralizar la privatización de forma cautelar, esta vez para “proteger derechos fundamentales” a raíz de una denuncia presentada por Afem.

La consejería recurre

Javier Fernández Lasquetty anuncia que su consejería recurrirá el auto del Contencioso Administrativo nº4 y critica que el juzgado suspenda la convocatoria de un concurso ya celebrado.

10S: palos en las ruedas

El retraso de la Consejería de Sanidad a la hora de presentar la documentación sobre las privatizaciones realizadas por los ex consejeros Lamela y Güemes consigue que se paralice la investigación.

11 y 19S: más en el TSJM

El 11 el TSJM vuelve a paralizar el proceso por defectos formales en el concurso. Y ocho días después admite a trámite un recurso de CCOO. Los tribunales dirimen 14 recursos en total.

Los centros afectados, en cifras

El 18% de la población madrileña tiene como centro de referencia uno de los seis hospitales afectados por la privatización total.
Cerca de 5.200 personas suman la plantilla de estos centros. Cerca de 3.000 son personal interino o eventual.

Los 6 hospitales que iban a ser traspasados contaban con 81,7 millones de euros menos de presupuesto para el año 2013, un 17% menos que en 2012. Los grupos contrarios a la privatización creen que Lasquetty bajó el presupuesto para justificar la venta.